Respeto, protección y garantía de los derechos humanos en las actividades judiciales de Vietnam
Revista Comunista- En un régimen democrático y progresista, el respeto, la protección y la garantía del ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales no dependen únicamente de un sistema legal transparente y justo, sino también, y en gran medida, de la eficacia de las actividades judiciales. El XIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV) ha establecido que el sistema judicial debe asumir la responsabilidad de proteger la justicia y los derechos humanos. Por lo tanto, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos deben considerarse un principio transversal que orienta todo el funcionamiento del sistema judicial.
El miembro del Buró Político y primer ministro, Pham Minh Chinh, visita a estudiantes y maestros de la Escuela Hy Vong (Esperanza), un internado para niños desfavorecidos y huérfanos debido a la COVID-19 _Foto: Agencia Vietnamita de Noticias
Puntos de vista y políticas del Partido y leyes del Estado de Vietnam sobre el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos en el marco judicial
Proceso de toma de conciencia y lineamientos del PCV sobre el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos en las actividades judiciales.
La perspectiva sobre el respeto y la protección de los derechos humanos en Vietnam fue establecida desde muy temprano en documentos como la Plataforma Política de 1930(1), la Declaración de Independencia de 1945, y la Plataforma de la Revolución Vietnamita de 1951. En estos textos, el PCV afirmó de manera clara que el objetivo de la Revolución vietnamita, bajo su liderazgo, es “proteger el gobierno del pueblo, salvaguardar los intereses del pueblo y garantizar que los ciudadanos cumplan con sus deberes hacia la Patria. Esos derechos incluyen los derechos humanos, los derechos civiles y los derechos sobre la propiedad. Esos deberes consisten en defender la nación, apoyar al gobierno del pueblo, contribuir al erario público, preservar y desarrollar los bienes comunes de la nación(2)”…
Después de cinco años de implementar la renovación (Doi moi), el VII Congreso del Partido Comunista de Vietnam (celebrado en 1991) aprobó la Plataforma para la construcción nacional en el período de transición hacia el socialismo, en la cual, por primera vez, se mencionaron oficialmente los derechos humanos: “El Estado promulga leyes para definir los derechos ciudadanos y los derechos humanos”(3). Posteriormente, en 1992, el Secretariado del Comité Central del Partido emitió la Directiva N.º 12-CT/TW, con fecha del 12 de julio de 1992, sobre la cuestión de los derechos humanos y los lineamientos del Partido al respecto. A partir de entonces, la garantía y la protección de los derechos humanos se han reflejado de manera cada vez más clara en los documentos del Partido a través de los congresos nacionales, estableciendo así una base política sólida para el respeto y la protección de los mismos en Vietnam. El VIII Congreso del Partido (1996) reafirmó la prioridad de promulgar leyes sobre los derechos ciudadanos. El IX Congreso (2001) subrayó la importancia de “cuidar al ser humano, proteger los derechos e intereses legítimos de todos, respetar y cumplir los tratados internacionales sobre derechos humanos que Vietnam ha firmado o en los que participa”(4).
Partiendo de la práctica, el 2 de enero de 2002, el Buró Político emitió la Resolución N.º 08-NQ/TW sobre algunas tareas clave del trabajo judicial en el próximo período, y posteriormente, la Resolución N.º 49-NQ/TW del 2 de junio de 2005, sobre la Estrategia de reforma judicial hasta el año 2020. Según estas resoluciones, una de las orientaciones de la reforma consistía en perfeccionar los procedimientos procesales judiciales, garantizando la coherencia, la democracia, la transparencia, el respeto y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el objetivo de proteger los derechos humanos aún no se había incorporado en la Estrategia. En el X Congreso del Partido (2006), el PCV definió con mayor claridad los objetivos y tareas de la reforma judicial, a saber, “Construir un sistema de órganos judiciales íntegro, sólido, democrático y estricto, que proteja la justicia y los derechos humanos(5)”.
La reforma judicial sitúa al tribunal en el centro, con el juicio como eje fundamental y el litigio como un elemento decisivo, con el fin de trasladar la misión prioritaria de los tribunales: de una orientación centrada en la protección del orden legal y del sistema socialista, hacia una misión primordial basada en la defensa de la justicia, la protección de los derechos humanos, así como los derechos e intereses legítimos de las personas y los ciudadanos. Esta perspectiva ha sido reafirmada de manera coherente en los documentos de los congresos del Partido, y en particular en el XIII Congreso del PCV en 2021, donde se establece: “Continuar construyendo un sistema jurídico vietnamita profesional, justo, estricto, íntegro, al servicio de la Patria y del pueblo. Las actividades judiciales deben asumir la responsabilidad de proteger la justicia, los derechos humanos, el sistema socialista, los intereses del Estado y los derechos e intereses legales y legítimos de las organizaciones e individuos”(6).
Así, la transformación del objetivo de la reforma judicial, de priorizar la protección del orden legal, del sistema socialista, del Partido y del Estado, a centrarse en primer lugar en la defensa de la justicia, de la ley, de los derechos humanos y de los derechos e intereses legítimos de los individuos y los ciudadanos, junto con la definición de que el centro de la reforma judicial es el perfeccionamiento de los tribunales, el foco principal la actividad jurisdiccional, y el punto de avance el fortalecimiento del litigio, marca claramente el cambio de conciencia y el desarrollo teórico del PCV sobre la posición, el papel del poder judicial, del derecho judicial y de la actividad judicial en la protección de la justicia y el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos.
La legislación sobre el espeto, la protección y la garantía de los derechos humanos en las actividades judiciales
Desde una perspectiva histórica constitucional, Vietnam ha promulgado hasta la fecha cuatro constituciones (la de 1946, la de 1980, la de 1992 y la de 2013). Al analizar estas constituciones, se observa que la de 1946 y 1959 contemplaba la institución del poder judicial; sin embargo, aún no establecían con claridad sus funciones y competencias específicas. No fue sino hasta la Constitución de 1980 y posteriormente las de 1992 y 2013 cuando se empezó a definir de manera concreta las funciones, tareas y atribuciones de los órganos judiciales, en particular de los tribunales.
La Constitución de 1980 y, más adelante, la de 1992 - la primera del período de renovación (Doi moi)- estipulaban: “El Tribunal Popular y la Fiscalía Popular de la República Socialista de Vietnam, en el ámbito de sus funciones, tienen la misión de proteger la legalidad socialista, el sistema socialista y el derecho soberano del pueblo; proteger los bienes del Estado y de la colectividad; proteger la vida, los bienes, la libertad, el honor y la dignidad de los ciudadanos”(7). En la Constitución de 2013, las funciones y tareas de los tribunales se establecen bajo un nuevo enfoque, según el cual estos órganos tienen la misión de proteger la justicia, los derechos humanos y ciudadanos, el sistema socialista, los intereses del Estado y los derechos e intereses legales de las organizaciones e individuos.
Con el papel del órgano judicial en la protección de la justicia, la legalidad y los derechos humanos y ciudadanos, las funciones y atribuciones del Tribunal Popular y de la Fiscalía Popular quedaron establecidas en la Constitución de 1992, así como en la Ley Orgánica de Tribunales Populares y la Ley Orgánica de la Fiscalía Popular de 2002. Luego, estas disposiciones fueron reformuladas en la Constitución de 2013 y en las leyes correspondientes promulgadas en 2014(8). En virtud de ello, la Constitución, junto con la Ley Orgánica de los Tribunales Populares y la Ley Orgánica de la Fiscalía Popular, establece que los Tribunales Populares tienen la función de proteger la justicia, los derechos humanos y ciudadanos; mientras que la Fiscalía Popular posee la misión de defender la legalidad y los derechos humanos, y posteriormente el deber de salvaguardar el sistema socialista, los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de las organizaciones e individuos, consagrando así un nuevo marco jurídico para la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales.
El cambio en las funciones y tareas del Tribunal Popular y de la Fiscalía Popular en cuanto a la protección de la justicia y de los derechos humanos y ciudadanos representa un avance significativo en las regulaciones sobre la organización y las actividades judiciales, contribuye a construir y desarrollar la justicia en Vietnam que avanza gradualmente a la par de los sistemas judiciales de los países más desarrollados. Además de las leyes sobre la organización del Tribunal Popular y de la Fiscalía Popular, los códigos y leyes promulgados tras la Constitución de 2013, como el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil; la Ley de Ejecución de la Detención Provisional y Prisión Preventiva; la Ley de Ejecución de Sentencias Penales, entre otros, han adoptado un enfoque centrado en el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos; la prevención y sanción de las violaciones a los derechos humanos dentro del ámbito de la actividad judicial.
Resultados alcanzados en el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos en las actividades judiciales
Gracias a las orientaciones correctas establecidas en la Resolución N.º 49-NQ/TW y en los Congresos X (2006), XI (2011) y XII (2016) del Partido Comunista de Vietnam sobre el poder judicial, las actividades en ese ámbito y la implementación de la Estrategia de reforma judicial, con el objetivo de proteger la justicia y los derechos humanos, se han logrado importantes avances en el respeto, la protección y la garantía de los mismos, que son:
En primer lugar, bajo el efecto de la reforma judicial, “las labores de investigación, enjuiciamiento, juicio, ejecución de sentencias, así como las actividades de detención, prisión preventiva y reeducación se han llevado a cabo con mayor rigor y de manera más democrática y justa, reduciendo los casos de errores judiciales, condenas injustas u omisiones de delitos. Esto ha contribuido al desarrollo socioeconómico y a la integración internacional”(9).
En segundo lugar, durante la XIV Legislatura de la Asamblea Nacional (2016– 2021), uno de los logros más destacados del sector fiscal fue que “se redujeron los casos de errores judiciales y se limitó progresivamente la omisión de delitos”.
En tercer lugar, el papel de la Fiscalía en el proceso de resolución de causas penales se ha ido consolidando cada vez más, contribuyendo de manera significativa a mejorar la calidad de las actividades de investigación, procesamiento y enjuiciamiento, así como a la protección de la justicia y la garantía del respeto y ejercicio de los derechos humanos”(10).
En cuarto lugar, en lo que respecta a las actividades de los Tribunales Populares, “el enjuiciamiento de los casos penales debe garantizar la identificación exacta del acusado y del delito y la aplicación estricta de la ley, sin que se haya producido durante el mandato ningún caso de condena errónea a personas inocentes. La resolución y el juicio de los casos civiles y administrativos se han llevado a cabo conforme a la ley”(11).
En quinto lugar, “la Constitución establece claramente que el Tribunal Popular es un órgano que ejerce el poder judicial, con la misión de proteger la justicia y los derechos humanos... Se organiza sobre la base de la jurisdicción y no depende de las divisiones administrativas. La reforma del modelo procesal exige que las decisiones judiciales se basen fundamentalmente en los resultados del litigio...”(12).
Además, una serie de disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, a través de sus reformas, han garantizado los principios fundamentales de la justicia penal.
Desde 2007, se abolió la medida de libertad condicional administrativa; y la competencia para examinar y decidir la aplicación de medidas como el envío a los reformatorios, centros educativos o centros de rehabilitación obligatoria fue transferida de los Comités Populares a los Tribunales Populares, conforme a la Ley de Sanciones Administrativas (2012). Se han introducido reformas en los procedimientos administrativos dentro de los órganos judiciales con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la justicia; los ciudadanos solo necesitan presentar sus demandas ante los tribunales, y estos tienen la responsabilidad de recibirlas y tramitarlas. Asimismo, se ha garantizado el derecho de acceso a la información relacionada con las actividades judiciales mediante la publicación de sentencias y decisiones en el portal electrónico del Tribunal Supremo Popular(13).
El papel de los abogados y de la asistencia jurídica ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia. La participación de los abogados en los procesos penales ha pasado de requerir la “autorización de los órganos de investigación” a un procedimiento en el que “basta con registrarse como defensor”. De una intervención condicionada por el tiempo, ahora tienen el derecho de expresarse hasta agotar sus argumentos en el debate, lo cual ha contribuido a mejorar la calidad de las actividades judiciales, reforzar el carácter democrático y justo de los juicios, y reducir al mínimo la posibilidad de condenas erróneas o injustas.
Al evaluar los resultados de la reforma judicial, el XIII Congreso del Partido enfatizó: “La organización del Tribunal Popular, la Fiscalía Popular, los órganos de investigación y las instituciones auxiliares del sistema judicial ha sido continuamente perfeccionada; la calidad de sus actividades ha mejorado, lo que ha permitido una mayor protección de los intereses del Estado, así como de los derechos e intereses legítimos de las organizaciones y de los individuos, promoviendo el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos”(14).
Junto con los logros alcanzados, en la labor de respeto, protección y garantía de los derechos humanos en la actividad judicial, tras 15 años de implementación de la Estrategia de Reforma Judicial, varias de las tareas planteadas en la Resolución No. 49-NQ/TW aún no se han cumplido de manera integral, lo que ha afectado considerablemente dicho objetivo. El XIII Congreso del Partido reconoció con franqueza que ‘la reforma judicial aún no ha respondido plenamente a las exigencias del desarrollo nacional”(15).
Soluciones y recomendaciones para mejorar la eficacia en las labores de respeto, protección y garantía de los derechos humanos en las actividades judiciales hasta 2020, con orientación hacia 2045
Primero, es preciso aplicar el enfoque basado en los derechos humanos en la construcción y perfeccionamiento de las instituciones judiciales en las áreas penal, civil y procesal.
El enfoque basado en los derechos humanos requiere continuar concretando las disposiciones de la Constitución de 2013, especialmente los principios establecidos en el Artículo 3 y la Cláusula 1, del Artículo 14, que afirman: “El Estado tiene la responsabilidad de reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”(16). En consecuencia, las instituciones judiciales deben cumplir con criterios de claridad, transparencia, apertura, estabilidad y accesibilidad, y responder a las condiciones y contextos económicos, políticos, culturales y sociales de Vietnam, así como a los estándares internacionales sobre los derechos humanos, garantizando la seguridad humana, de los contratos y la propiedad de los individuos y las empresas, en consonancia con el espíritu del XIII Congreso del Partido: “Construir un sistema legal coherente, unificado, viable, transparente, estable, centrado en los derechos e intereses legítimos de la población y de las empresas, que promueva la innovación y asegure un desarrollo rápido y sostenible”(17). Al mismo tiempo, se debe “perfeccionar el sistema legal conforme a los convenios y compromisos internacionales que Vietnam ha firmado”(18).
La identificación de las funciones, competencias, atribuciones y estructura organizativa de los órganos judiciales debe estar estrechamente vinculada a la misión de proteger la justicia y la ley, respetar, salvaguardar y garantizar los derechos humanos en el cumplimiento de sus responsabilidades asignadas.
Es necesario comprender a fondo e institucionalizar la orientación de “promover la eficacia preventiva y el carácter educativo en el tratamiento de las personas que cometen delitos”, según la cual se continúa evaluando la posibilidad de reducir la aplicación de la pena de muerte en el Código Penal de 2015 (modificado y complementado en 2017); así como rebajar el nivel máximo de las penas excesivamente altas para ciertos tipos de delitos. Asimismo, se deben reducir las penas privativas de libertad, ampliar la aplicación de multas y sanciones de rehabilitación sin internamiento para ciertos delitos; establecer políticas penales especiales para menores de 18 años; mujeres embarazadas, que estén criando hijos pequeños; personas de edad avanzada o con discapacidad…
Se debe continuar perfeccionando las políticas y leyes en el ámbito penal y de procedimientos penales, adoptando un enfoque centrado en la prevención, el humanismo y la benevolencia en cada disposición legal; y mejorar la eficacia en la ejecución de las sentencias, poniendo énfasis en la educación, la rehabilitación, la reinserción y el tratamiento humanitario para los condenados. En la ejecución de sentencias civiles, es imprescindible garantizar los derechos e intereses tanto de las personas beneficiarias como de quienes deben cumplir la sentencia, así como los derechos e intereses legítimos de las organizaciones, de los individuos y los intereses del Estado conforme a las sentencias y resoluciones del tribunal. También hay que perfeccionar la legislación sobre la asistencia judicial de manera coherente con las normas procesales judiciales; fortalecer el papel de los abogados y la asistencia jurídica; e institucionalizar la política de “facilitar la participación de los ciudadanos en los procedimientos judiciales, garantizando la igualdad entre los ciudadanos y las autoridades ante los tribunales”.
Segundo, es necesario definir con mayor claridad los objetivos y tareas fundamentales de la Estrategia de reforma judicial hacia 2030, con visión hasta 2045.
La Resolución N.º 49-NQ/TW ha establecido como eje de la reforma judicial el principio de que “el tribunal debe ser el centro, el juicio el núcleo, y el litigio el elemento decisivo”(19). Así pues, ¿la orientación de la reforma judicial hacia 2030, con visión hasta 2045, continuará identificando tareas fundamentales para esta reforma? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles serán estas tareas prioritarias? Al mismo tiempo, es imprescindible continuar abordando aquellas tareas ya establecidas en la Resolución N.º 49-NQ/TW que, hasta la fecha, no se han cumplido o cuya implementación ha sido incompleta. Si no se logran superar estos obstáculos, será difícil que la Estrategia de reforma judicial alcance su objetivo de proteger la justicia y garantizar los derechos humanos(20).
Tercero, hay que institucionalizar de manera más clara y específica, ya sea a través de disposiciones constitucionales o legales, el principio de que “el tribunal es el órgano que ejerce el poder judicial”.
La experiencia de numerosos países en el mundo demuestra que el poder judicial suele concebirse de forma coherente como una actividad esencialmente ejercida por los tribunales (la función jurisdiccional). La falta de una concepción completa sobre el poder judicial y sus actividades ha conducido, en cierta medida, a dificultades e incertidumbres en la práctica. Como paso inicial para superar esta limitación, por primera vez, el artículo 102 de la Constitución de 2013 establece que los Tribunales Populares son los órganos jurisdiccionales de la República Socialista de Vietnam y ejercen el poder judicial. Es decir, conforme a la Constitución, los tribunales son los órganos con la función de ejercer el poder judicial.
A partir de esta afirmación, la cuestión clave que se plantea es que, una vez se reconoce a los tribunales como órganos del poder judicial, es indispensable clarificar el contenido y el alcance del propio poder judicial. Y, una vez definido dicho contenido, este debe estar debidamente normado, ya sea a nivel constitucional o, como mínimo, mediante leyes.
Cuarto, hace falta garantizar el principio de independencia de los jueces y jurados, así como su sujeción exclusiva a la ley.
El principio de que los jueces y jurados deben ser independientes y obedecer únicamente a la ley constituye un mecanismo eficaz para proteger la justicia, la rectitud, el respeto a la ley y los derechos humanos y ciudadanos. Asegurar este principio se vuelve aún más crucial en el contexto de liderazgo de un único partido, ya que permite, por un lado, garantizar el papel dirigente del PCV, y por otro, prevenir cualquier interferencia externa en la actividad jurisdiccional de los tribunales.
Quinto, es preciso reforzar el papel de los abogados y desarrollar de manera sincrónica los servicios legales con el fin de mejorar la capacidad de acceso a la justicia y al derecho en materia de derechos humanos por parte de la ciudadanía.
En un Estado de derecho, el papel del abogado es especialmente relevante para la protección de los derechos e intereses legítimos de los individuos y los ciudadanos. Por ello, es necesario fortalecer tanto en cantidad como calidad el cuerpo de abogados, asistentes legales y los servicios jurídicos de alta calidad; estos deben poseer ética profesional y estar capacitados para satisfacer la demanda de asistencia legal de la población. Se debe prestar especial atención al desarrollo de redes de asistencia jurídica dirigidas a las personas pobres, las minorías étnicas, los beneficiarios de políticas sociales y los grupos vulnerables de la sociedad, tales como las víctimas de violencia sexual o doméstica. Es fundamental promover la socialización de determinadas actividades de apoyo judicial con el fin de diversificar los tipos de servicios legales disponibles, generando así múltiples opciones para los ciudadanos.
Sexto, hay que promover la divulgación y la educación para elevar la conciencia sobre los derechos humanos, así como sobre las funciones y responsabilidades relacionadas con el respeto y la protección de la justicia y los derechos humanos en las actividades judiciales, tanto entre los funcionarios del propio sector como en toda la sociedad.
Es necesario intensificar la difusión y educación para mejorar la conciencia social y la de los funcionarios judiciales sobre la importancia del respeto y la protección de los derechos humanos en ese ámbito; comprender a fondo y aplicar estrictamente las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Popular de 2014 y otros documentos legales relacionados con la competencia de los tribunales en la actividad jurisdiccional; elevar la conciencia pública sobre el papel y la posición del Tribunal en la defensa de la justicia y los derechos humanos.
De manera paralela, se debe interiorizar y aplicar cabalmente las directrices y orientaciones del Partido y del Estado sobre la protección y promoción de los derechos humanos en el nuevo contexto, en el cual resulta crucial intensificar la labor educativa dirigida al personal del sistema judicial en su conjunto, incluidos investigadores, funcionarios a cargo de la investigación, fiscales, jueces, miembros del jurado popular, secretarios judiciales y funcionarios de evaluación judicial, entre otros./.
------------------------------------
(1) En la Plataforma de 1930, el Partido Comunista de Vietnam proclamó su objetivo de llevar a cabo la revolución democrático-burguesa y la revolución agraria (en el documento se utiliza los términos “revolución democrático-burguesa” y “revolución de la tierra”). Concretamente, el Partido promovió la consigna de un “Vietnam libre”, luchando por construir una sociedad organizada en libertad; por la igualdad de género entre hombres y mujeres; por la educación universal; por el derrocamiento del colonialismo francés y del régimen feudal, y por la construcción de un gobierno de obreros, campesinos y soldados. Asimismo, se propuso confiscar los bienes de los colonialistas franceses capitalistas y redistribuir las tierras de los imperialistas entre los campesinos pobres.
(2) Documentos completos del Partido Comunista de Vietnam, Editorial Política Nacional, Hanoi, 2001, tomo 12, pág. 105
(3) Plataforma de construcción de la nación en el periodo de transición hacia el socialismo, Editorial Política Nacional, Hanoi, 1991, pág. 19
(4) Documentos del IX Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, Editorial Política Nacional, 2001, pág. 134
(5) Documentos del X Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, Editorial Política Nacional, Hanoi, 2006, pág. 127
(6) Documentos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, Editorial Política Nacional Su That (La Verdad), Hanoi, 2021, pág. 177
(7) Constitución de la República Socialista de Vietnam de 1992
(8) La posición, función y tareas del Tribunal Popular se estipulan en la cláusula 3 del artículo 102 de la Constitución de 2013 de la siguiente manera: “El Tribunal Popular es el órgano jurisdiccional de la República Socialista de Vietnam, que ejerce el poder judicial... El Tribunal Popular tiene la misión de proteger la justicia, los derechos humanos, el sistema socialista y los intereses del Estado, así como los derechos e intereses legítimos de las organizaciones e individuos, contribuyendo a garantizar el cumplimiento estricto y coherente de la ley”.
(9) El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el Comité Directivo para la Reforma judicial, el Informe de resumen sobre la implementación del programa de tareas clave en la reforma judicial en el periodo 2011-2016; y la proyección para 2016-2021, pág. 27
(10) Informe del Presidente de la Fiscalía Popular Suprema sobre el Resumen de los trabajos en la XIV legislatura de la Asamblea Nacional (2016-2021)
(11) Informe del Presidente del Tribunal Popular Supremo sobre la labor de los tribunales en la XIV legislatura de la Asamblea Nacional (2016-2021)
(12) El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el Comité Directivo para la Reforma judicial, el Informe de resumen sobre la implementación del programa de tareas clave en la reforma judicial en el periodo 2011-2016; y la proyección para 2016-2021, pág. 26
(13) Hasta el 30 de junio de 2019, el Portal del Tribunal Supremo Popular publicó un total de 284.514 sentencias y decisiones de los tribunales en todos los niveles.
(14) (15) Documentos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, Ibíd., tomo I, págs. 72-73, 90
(16) Constitución de la República Socialista de Vietnam de 2013
(17) (18) Documentos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, Ibíd., tomo I, págs. 175, 135
(19) Resolución No. 49-NQ/TW, emitida el 2 de junio de 2005 por el Buró Político, sobre la Estrategia de reforma judicial hasta 2020
(20) Véase: Tuong Duy Kien: “Reforma judicial para proteger la justicia y los derechos humanos con el fin de satisfacer los requisitos de la construcción de un Estado de derecho y la integración internacional en Vietnam hoy”, Revista de Derecho, número 4, 2021, pág. 43
Este artículo se publicó en la Revista Comunista No. 1058 (marzo de 2025)
