Revista Comunista – La experiencia internacional demuestra que no existe un modelo único de validez universal para regular las relaciones de producción en la economía digital. No obstante, el rasgo común de los países que han tenido éxito radica en su iniciativa para construir de manera proactiva nuevos marcos institucionales, combinando de forma armoniosa el derecho, la educación, la infraestructura y las políticas de bienestar social, con el fin de regular las relaciones entre los distintos sujetos involucrados en la era digital. Por ello, la asimilación de dichas experiencias debe realizarse de manera selectiva, en consonancia con las condiciones concretas, el nivel de desarrollo y la estructura social específica de cada país, evitando tanto la copia mecánica como la omisión de factores endógenos importantes.

Experiencia internacional sobre la renovación de las relaciones de producción en la era digital

La experiencia internacional demuestra que el ajuste de las relaciones de producción no puede ir a la zaga del desarrollo de las fuerzas productivas, sino que debe ser de carácter proactivo, anticiparse a ellas y desempeñar un papel rector y orientador. A continuación, presentamos algunas experiencias de determinados países que pueden aportar importantes elementos de referencia en el proceso de perfeccionamiento de las relaciones de producción en la etapa de la digitalización.

China: el Estado orienta la economía digital y controla las relaciones de producción que operan sobre plataformas digitales

Desde 2019, China se ha convertido en el primer país en reconocer oficialmente los datos como un factor estratégico de producción, colocándolos al mismo nivel que la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Este hecho se considera un punto de inflexión teórico de gran relevancia, al configurar un enfoque del desarrollo de la economía digital basado en un modelo en el que el Estado asume un papel proactivo de liderazgo. Este planteamiento se ha institucionalizado mediante una serie de estrategias nacionales, tales como “Internet Plus”, “Made in China 2025” y el “Plan de China Digital 2035”.

El sistema institucional en materia de datos también se ha construido de manera integral mediante la promulgación de la Ley de Seguridad de los Datos de 2021, la Ley de Protección de Datos Personales, así como a través del desarrollo de centros nacionales de datos. El objetivo no se limita a la protección de la privacidad de los ciudadanos, sino que apunta además al control y la gobernanza de los activos de datos en tanto que recurso estratégico nacional. En lo que respecta a los grandes conglomerados de plataformas digitales, como Alibaba, Tencent o Didi, el Gobierno chino ha aplicado medidas regulatorias firmes, obligando a estas empresas a ajustar sus modelos de distribución del valor en una dirección más equitativa, en el marco del programa de “prosperidad común”, orientado a contener la desigualdad en la economía digital.

Otro aspecto digno de atención es la incorporación oficial de las relaciones laborales en plataformas digitales al ámbito de regulación jurídica. El Tribunal Popular Supremo de China ha emitido precedentes judiciales que exigen a las empresas de plataformas digitales garantizar un salario mínimo, establecer límites razonables a la jornada laboral y proporcionar seguridad social a los conductores de servicios tecnológicos. Esto pone de manifiesto que China se sitúa entre los países pioneros en el reconocimiento de nuevos sujetos dentro de las relaciones de producción y en el establecimiento de un marco de protección laboral acorde con las realidades del funcionamiento de las plataformas digitales.

La lección vital que se desprende del caso de China consiste en la necesidad de construir de manera proactiva y oportuna un marco jurídico que permita definir los derechos de propiedad y los mecanismos de gobernanza de los datos; establecer con claridad las obligaciones y la responsabilidad social de las empresas de las plataformas; así como ampliar la regulación del derecho laboral para abarcar las formas de empleo no tradicionales en la economía digital.

Corea del Sur: desarrollo de las plataformas digitales vinculado a la protección del trabajo flexible

A través de la Estrategia Digital New Deal (2020-2025), el Gobierno de Corea del Sur estableció una orientación clara para el desarrollo del sistema de datos públicos como una infraestructura estratégica destinada a impulsar la innovación del sector privado. La apertura del acceso a las bases de datos nacionales, junto con la garantía de mecanismos de acceso equitativo, ha creado las condiciones para el vigoroso desarrollo del ecosistema de empresas emergentes digitales y de los servicios creativos basados en datos.

Otro rasgo destacado es el reconocimiento jurídico de los trabajadores en las plataformas, que abarca a colectivos como repartidores, creadores de contenido y conductores de servicios tecnológicos. El Estado establece la obligatoriedad de la afiliación a la seguridad social y pone en marcha otras modalidades de protección del bienestar para esta fuerza laboral. Paralelamente, Corea del Sur ha construido una “bolsa pública digital de empleo”, una plataforma operada por el Estado para coordinar la oferta y la demanda de trabajadores digitales, supervisar las condiciones laborales, garantizar la seguridad ocupacional y transparentar los procesos de asignación del trabajo.

La experiencia de Corea del Sur sugiere la necesidad de desarrollar un ecosistema de seguros flexible, capaz de cubrir a los grupos de trabajadores del sector informal, así como de crear una base de datos de empleo digital orientada a conectar y proteger a los trabajadores en el entorno de la digitalización.

Estonia: el Estado digital y la transparencia de las relaciones de producción a través de los datos

Estonia es un modelo representativo de un Estado digital integral, en el que la mayoría de las relaciones de producción —desde la propiedad y el trabajo hasta las transacciones— han sido digitalizadas y operan sobre una plataforma de datos abiertos. La infraestructura digital central, denominada X-Road, permite la interconexión y la interoperabilidad de las bases de datos públicas y privadas mediante un sistema único de identidad electrónica, reduciendo al mínimo los costos de transacción y eliminando en gran medida los intermediarios administrativos.

El rasgo distintivo del modelo de Estado digital en Estonia radica en que el Gobierno no solo impulsa la digitalización, sino que también coloca en el centro el derecho de los ciudadanos al control de sus datos. Cada individuo tiene el derecho de saber quién ha accedido a su información, en qué momento y con qué finalidad; al mismo tiempo, posee la facultad de negarse a autorizar el uso de sus datos cuando no exista una base legal. Este enfoque ha dado lugar a una forma de relaciones de producción digitales basada en los principios de transparencia, democratización de los datos y redistribución del poder informacional en favor de la ciudadanía.

La lección extraída del modelo de Estonia es la necesidad de acelerar el proceso de construcción de un gobierno digital, completar de manera temprana la elaboración y aplicación de la Ley de Datos y la Ley de Protección de Datos Personales, así como desarrollar una infraestructura de interconexión e interoperabilidad de los datos. Este constituye un factor clave para garantizar la transparencia, la equidad y la eficiencia en la coordinación de las relaciones de producción en el contexto de la transformación digital.

Alemania: consenso social y coordinación tripartita en la producción digital

Alemania es un país pionero en la articulación del desarrollo de la industria digital con la reforma de las relaciones de producción conforme al modelo de la “economía social - mercantil”. A través de la iniciativa Industria 4.0, Alemania no solo se ha centrado en la inversión en infraestructura tecnológica y automatización, sino que, de manera simultánea, ha renovado las relaciones laborales y los mecanismos de negociación social para adaptarse a las modalidades de producción digital. El modelo del “triángulo de la innovación”, integrado por el Estado, las empresas y los institutos de investigación, funciona como un mecanismo de coordinación integral en los ámbitos tecnológico, de recursos humanos y de marco jurídico-institucional. En este contexto, los grandes sindicatos y las asociaciones empresariales llevan a cabo negociaciones colectivas orientadas a reestructurar los regímenes de trabajo, la protección social y la distribución de beneficios en sectores como la manufactura inteligente, la logística digital y la industria basada en datos. Al mismo tiempo, el Gobierno alemán aprovecha el big data para optimizar el sistema de bienestar social y coordinar programas de recapacitación, con el fin de ayudar a la fuerza laboral tradicional a adaptarse a un entorno productivo cada vez más automatizado y con creciente aplicación de la inteligencia artificial (IA).

La lección sacada del modelo alemán es la necesidad de establecer mecanismos de coordinación tripartita (Estado–empresas–trabajadores) en el entorno digital; vincular las estrategias de transformación digital con la reforma del bienestar social y con políticas integrales de recapacitación laboral, a fin de minimizar los riesgos de exclusión y reforzar el carácter inclusivo del proceso de digitalización.

De la experiencia de los países pioneros se desprenden varias conclusiones fundamentales:

En primer lugar, las relaciones de producción en la era digital no pueden ajustarse de manera pasiva. La iniciativa del Estado, sustentada en un ordenamiento jurídico-institucional que se anticipe a los cambios, constituye una condición indispensable para ejercer un papel de liderazgo, en lugar de limitarse a seguir las rápidas transformaciones de las fuerzas productivas digitales. Las políticas públicas deben incorporar una visión estratégica y una capacidad de adaptación flexible frente a las nuevas formas de propiedad, organización y distribución.

En segundo término, el marco jurídico tradicional, concebido en el contexto de las relaciones de producción modernas, resulta insuficiente para seguir el ritmo de las aceleradas transformaciones derivadas de la digitalización. La emergencia de los datos, los algoritmos y las plataformas digitales exige la configuración de “nuevas reglas del juego” para la economía de los datos, que abarquen los derechos de propiedad y los mecanismos de gobernanza de los datos, la responsabilidad de las empresas de las plataformas, así como un marco legal adecuado para las formas de trabajo no tradicionales.

Por último, el papel del Estado debe redefinirse en la figura de un “Estado digital creador”. El Estado no debe limitarse a la función reguladora, sino asumir además el rol de constructor de infraestructuras digitales, protector de los grupos vulnerables y garante de una distribución equitativa en el proceso de reestructuración de las relaciones de producción.

Algunas recomendaciones de políticas y orientaciones de desarrollo

El ajuste de las relaciones de producción no constituye únicamente una solución de carácter técnico o administrativo, sino que representa una exigencia de reestructuración de naturaleza fundamental, orientada a garantizar la adecuación, la coherencia y la capacidad de orientar el desarrollo sostenible de la economía en la era digital.

Construcción de un marco institucional de datos y establecimiento de los derechos de propiedad en el espacio digital

Cuando los datos se convierten en el principal medio de producción de la economía digital, la construcción de un marco institucional de datos moderno se vuelve una exigencia urgente para configurar nuevas formas de relaciones de producción acordes con las características de unas fuerzas productivas en rápida transformación. Sin embargo, el sistema jurídico vigente aún resulta incompleto para identificar, clasificar y regular de manera integral los activos de datos. Con el fin de sentar una base jurídica sólida para la economía de los datos, es necesario avanzar hacia la elaboración de una normativa sectorial especializada, dotada de un alto rango jurídico, sobre los activos de datos, en la que se definan con claridad el sistema de facultades en el ámbito digital, tales como los derechos de propiedad, de uso y de transferencia de los datos de los distintos sujetos, vinculados al desarrollo de mecanismos de autorización, valoración y supervisión de la explotación de los datos, conforme a los principios de transparencia, equidad y responsabilidad. El fomento de mecanismos de intercambio condicionado de datos público-privados, junto con la garantía de la seguridad de los datos personales, contribuirá a elevar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos de datos y, al mismo tiempo, a limitar el riesgo de su concentración en manos de un reducido número de grandes plataformas tecnológicas. Solo cuando los derechos sobre los datos estén plenamente consagrados y protegidos por la ley, la producción basada en datos podrá desarrollarse de manera transparente, equitativa y sostenible.

Adecuación de la legislación laboral a las nuevas formas de trabajo

El vigoroso desarrollo de la economía digital ha dado lugar a nuevas formas de empleo, tales como el trabajo en plataformas digitales o el trabajo digital transfronterizo, cuyas modalidades de prestación difieren del funcionamiento del modelo tradicional de las relaciones laborales. La normativa laboral vigente, basada fundamentalmente en la relación bilateral entre el trabajador y el empleador, establecida de manera convencional, revela diversas limitaciones e insuficiencias. La realidad muestra que una parte considerable de quienes desempeñan actividades en plataformas digitales lo hace bajo esquemas de trabajo flexible, con escasos vínculos institucionales formales.

Ello plantea la necesidad de configurar un conjunto de normas con un alcance regulatorio más amplio. Las disposiciones destinadas a regular el trabajo en plataformas digitales deben diseñarse de manera coherente con mecanismos de seguridad social flexibles, no dependientes de la existencia de una relación laboral estable. Este modelo permite a los trabajadores realizar aportes y acceder a las prestaciones de bienestar conforme a un principio de “contribución–disfrute” proporcional y adaptable. Al mismo tiempo, resulta necesario estudiar nuevas modalidades de negociación colectiva acordes con el entorno laboral digital, en las que participen conjuntamente tres actores: los trabajadores, las entidades operadoras de las plataformas digitales y los clientes, dentro de un mecanismo de coordinación de intereses y de condiciones de trabajo. Este constituye un paso de carácter decisivo para garantizar la equidad social, la seguridad ocupacional y la estabilidad de la fuerza laboral en la nueva estructura productiva.

Renovación de las relaciones de distribución en la economía digital

En la economía digital, el valor añadido se genera cada vez más a través de los datos, las conexiones y las interacciones digitales, en lugar de basarse únicamente en el trabajo directo o en el capital material tradicional. Sin embargo, los mecanismos de distribución vigentes continúan apoyándose fundamentalmente en las formas de propiedad material, mientras que una parte significativa del valor digital se concentra en los sujetos que controlan los datos y operan las plataformas digitales. Esta situación amplía la brecha de intereses entre quienes crean el valor —los usuarios y los trabajadores de las plataformas— y quienes se apropian de dicho valor —los propietarios de las plataformas y los grandes conglomerados tecnológicos—. Para ajustar las relaciones de distribución en el nuevo contexto, resulta necesario establecer de manera gradual mecanismos de reparto del valor de los datos, garantizando que quienes generan los datos, incluidos los usuarios y los trabajadores de las plataformas, reciban una participación proporcional de los beneficios derivados de su explotación. Asimismo, es preciso estudiar e implementar instrumentos de regulación adecuados, tales como la imposición fiscal a las plataformas transfronterizas, la definición de nuevas bases impositivas a partir del valor digital y el fomento de modelos empresariales y organizativos sustentados en la propiedad colectiva de los datos, como las cooperativas de datos o las plataformas comunitarias.

 Configuración del papel del Estado

La adecuación de las relaciones de producción en la era digital no puede tener éxito sin el papel de liderazgo, coordinación y protección del Estado. No obstante, dicho papel debe redefinirse en la dirección de una transición desde el modelo de gestión administrativa y de control hacia el de un “Estado digital creador”. El Estado digital creador no se limita a la promulgación de leyes y marcos normativos, sino que debe asumir de manera proactiva la inversión y el desarrollo de infraestructuras digitales fundamentales, entre ellas los datos abiertos, los centros nacionales de datos, los sistemas de identificación electrónica y la ciberseguridad, considerándolos infraestructuras esenciales, equiparables a la electricidad, las carreteras, las escuelas y los centros de salud en la era industrial precedente. Al mismo tiempo, el gobierno digital debe perfeccionarse en una orientación integradora, con funcionamiento en tiempo real, la plena transparencia de los procesos y la optimización de los servicios públicos en línea, con el fin de elevar la eficiencia y reducir los costos de transacción social. Asimismo, el Estado ha de desempeñar un papel rector en la protección de los grupos vulnerables en el entorno digital, en la regulación de los efectos negativos del mercado digital y en el fomento de una competencia equitativa entre los actores nacionales y extranjeros. La creación de centros intersectoriales de coordinación de la transformación digital contribuirá a fortalecer la capacidad de previsión y de respuesta de las políticas públicas ante los nuevos desafíos emergentes, garantizando al mismo tiempo la coherencia y la consistencia en el ajuste del marco institucional digital.

Renovación del sistema de educación y formación acorde con las fuerzas productivas digitales

Las fuerzas productivas digitales no pueden desarrollarse sin una fuerza laboral dotada de competencias digitales sólidas, pensamiento tecnológico y capacidad de aprendizaje flexible. Sin embargo, el sistema actual de educación y formación sigue estando diseñado principalmente para responder a las exigencias de la producción tradicional, por lo que aún no se adapta plenamente a los requerimientos de la economía digital. En la etapa venidera, resulta necesario reestructurar de manera integral los sistemas de educación técnica-profesional y de educación superior, tomando como eje central la construcción de un marco nacional de competencias digitales y la actualización de los programas formativos hacia una mayor integración tecnológica, el aprendizaje interdisciplinario y el aprendizaje a lo largo de la vida. El desarrollo de modelos de “educación abierta”, combinados con plataformas de aprendizaje en línea y mecanismos flexibles de certificación, permitirá a los trabajadores actualizar rápidamente sus habilidades, al tiempo que facilitará la reconversión profesional en un contexto de cambios tecnológicos continuos.

Además, es necesario reforzar los mecanismos de cooperación entre los centros educativos, las empresas y los institutos de investigación y universidades, a fin de garantizar que la formación esté estrechamente vinculada a la práctica productiva y contribuya a conformar una fuerza laboral capaz de responder de manera inmediata a las demandas de las empresas en la era digital. En particular, los grupos vulnerables —como las mujeres, las minorías étnicas, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad— deben tener prioridad en el acceso a programas de capacitación en competencias digitales, con el objetivo de reducir el riesgo de exclusión del proceso nacional de transformación digital.

Experimentación piloto e institucionalización de los modelos de relaciones de producción digitales

En un contexto en el que las tecnologías digitales avanzan a gran velocidad mientras que el sistema jurídico no puede adaptarse de manera inmediata, permitir la experimentación de nuevos modelos productivos dentro de “espacios de prueba institucional con control” (regulatory sandboxes) se convierte en una estrategia importante. Modelos como los “bancos de datos personales”, las “cooperativas digitales”, las zonas de producción inmaterial o las plataformas digitales sin fines de lucro pueden implementarse de forma piloto en centros de innovación. Estos programas piloto deben vincularse a mecanismos de evaluación del impacto de las políticas, a la retroalimentación procedente de la práctica y a hojas de ruta para su institucionalización progresiva una vez que los modelos demuestren su eficacia. El enfoque de “aprendizaje a través de la experimentación” contribuye a dotar a las políticas de mayor flexibilidad y acortar la brecha institucional con los países que van a la vanguardia en el ajuste de las relaciones de producción digitales.

En términos generales, las orientaciones y recomendaciones de políticas propuestas no tienen por objeto ajustar de manera fragmentada componentes aislados del sistema económico y social, sino que se orientan a la construcción de un nuevo ecosistema institucional, en el que las fuerzas productivas digitales y unas relaciones de producción compatibles puedan desarrollarse de forma armónica. Esta constituye la condición indispensable para materializar con éxito los objetivos de un desarrollo rápido, sostenible e inclusivo, en un contexto en el que la Cuarta Revolución Industrial se expande con fuerza y está reconfigurando la estructura económico-social a escala global.

En resumen, el proceso de transformación de las relaciones de producción en el contexto del desarrollo de las fuerzas productivas digitales debe situarse dentro de una visión a largo plazo y sincronizada. En primer lugar, el sistema teórico y la orientación estratégica han de definir con claridad que las fuerzas productivas digitales constituyen el motor central de la nueva etapa de desarrollo, y que las relaciones de producción digitales representan un ámbito de política pública que debe ser regulado de manera proactiva. La inversión focalizada en infraestructuras de datos, el desarrollo de la educación digital, así como la recapacitación y el fortalecimiento de las competencias de la fuerza laboral, constituyen condiciones indispensables para garantizar que los beneficios de la transformación digital se distribuyan de forma equitativa e inclusiva. Resulta necesario establecer instituciones de coordinación especializadas en materia de relaciones de producción digitales a nivel nacional, dotadas de capacidad para la articulación intersectorial, la consulta con múltiples actores y la prevención de políticas fragmentadas, sectoriales o superpuestas. Paralelamente, profundizar en el estudio de los modelos de propiedad de los datos, la planificación de los sectores y profesiones digitales, así como de los mecanismos de distribución del valor en un contexto en el que los activos digitales se convierten en el factor dominante, constituye una orientación estratégica de largo alcance. En términos generales, la adecuación de las relaciones de producción en la era digital representa una transformación de carácter histórico, que contribuye a reconfigurar las formas de organización de la sociedad en su conjunto. Este proceso exige la participación de todos los actores, la corresponsabilidad y el acompañamiento de la comunidad empresarial, la implicación activa de la ciudadanía y la adaptación proactiva de los trabajadores. El equilibrio entre desarrollo y equidad, entre innovación y estabilidad, así como entre eficiencia económica y sostenibilidad social, será el criterio fundamental para medir el éxito del proceso de reestructuración de las relaciones de producción, en consonancia con la rápida dinámica de las fuerzas productivas en la economía digital./.