Revista Comunista – La renovación del trabajo legislativo, con orientación hacia un sistema legal de alta calidad, moderno y acorde con la realidad del país, que respete, garantice y proteja efectivamente los derechos humanos y civiles, constituye un motor para lograr un desarrollo nacional rápido y sostenible. La promulgación de la Resolución “Sobre la renovación de la labor de elaboración y ejecución de leyes para responder a los requisitos de desarrollo nacional en la nueva era” es una clara muestra de la visión estratégica y la determinación política del Partido en la reforma de ese trabajo. 

Promover la democracia y el espíritu de servicio al pueblo en el trabajo legislativo

La Resolución N.º 66-NQ/TW, emitida el 30 de abril de 2025 por el Buró Político, “Sobre la renovación de la labor de elaboración y ejecución de leyes para responder a los requisitos del desarrollo nacional en la nueva era”, exige “promover la democracia” en el trabajo legislativo e “implementar seriamente el mecanismo de recepción y rendición de cuentas de las opiniones y aportes de los sujetos directamente afectados”. Igualmente, dicha labor debe “promover el papel de supervisión y crítica social del Frente de la Patria de Vietnam, y la participación amplia y sustantiva de los ciudadanos, organizaciones y empresas en la elaboración y ejecución de las leyes”.

 Promover la democracia y ampliar la participación ciudadana en la gestión estatal, con el fin de garantizar la esencia del Estado del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y asegurar la validez y eficacia de las políticas y leyes promulgadas, son tareas que han recibido la atención del Partido y el Presidente Ho Chi Minh desde el triunfo de la Revolución de Agosto de 1945 (Artículos 1 y 7 de la Constitución de 1946). La ampliación de la participación ciudadana en la gestión estatal y la elaboración de políticas y leyes en Vietnam continúan siendo destacadas también en el Artículo 28 de la Constitución de 2013.

 Se puede observar que los rápidos cambios y el desarrollo socioeconómico, especialmente en las condiciones de formación de una sociedad de la información, conllevan transformaciones y desafíos para garantizar mejor los derechos civiles, incluida su potestad de participar en la gestión estatal⁽¹⁾. La ampliación de la participación de los ciudadanos en los asuntos de la gestión estatal, particularmente en la elaboración y ejecución de políticas y leyes en Vietnam, se ha seguido potenciando en los últimos años. La involucración de la población en los procesos de toma de decisiones y en las actividades de la gestión estatal se ha institucionalizado en numerosos documentos normativos jurídicos de Vietnam⁽²⁾ (Ley de Elecciones de Diputados a la Asamblea Nacional y Miembros de los Consejos Populares, Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, Ley Orgánica del Gobierno, Ley Orgánica de la Administración Local, Ley de Promulgación de Documentos Legales, Ley de Quejas, Ley de Denuncias, Ley de Implementación de la Democracia de Base...). Las legislaciones que regulan el Frente de la Patria de Vietnam y las organizaciones sociopolíticas, como la Ley del Frente de la Patria de Vietnam, la Ley de Sindicatos, la Ley de Juventud... concretan las disposiciones de la Constitución sobre la participación de las organizaciones sociopolíticas en la gestión estatal, la supervisión y la crítica social.

La elaboración de leyes es una actividad que institucionaliza e incentiva las ideas, valores y contenidos relacionado con la democracia, los derechos humanos, el derecho y el Estado de derecho⁽³⁾. Esta labor construye un sistema institucional jurídico para promover la democracia, garantizar y proteger los derechos humanos e impulsar el desarrollo del país. En particular, la Ley de Promulgación de Documentos Legales de 2025 y el Decreto N.º 78/2025/ND-CP, adoptado el 1 de abril de 2025 por el Gobierno que dicta “Disposiciones detalladas sobre algunos artículos y medidas para organizar y guiar la ejecución de la Ley de Promulgación de Documentos Normativos”, estipulan la participación ciudadana en el proceso de redacción y elaboración de las normas. Los métodos para que los ciudadanos participen en dicho proceso, así como en las tareas de gestión del Estado, se han regulado de diversas maneras. Además, la Ley de Promulgación de Documentos Normativos de 2025 añade la modalidad de consulta durante el proceso de elaboración de proyectos de leyes y resoluciones de la Asamblea Nacional y ordenanzas del Comité Permanente del órgano legislativo. Esta es una de las nuevas formas orientadas a superar las limitaciones en la elaboración de leyes, especialmente en en la etapa de formulación de propuestas para la elaboración de políticas, la cual no ha recibido la debida atención y en la que las políticas planteadas aún son generales. Mediante actividades de consulta política, el organismo proponente buscará el consenso, seleccionará la solución óptima y perfeccionará la política como base para la redacción de las normativas, además de garantizar su viabilidad en la práctica⁽⁴⁾.

La Resolución N.º 66-NQ/TW señala claramente que la labor de elaboración y ejecución de las leyes aún presenta muchas limitaciones y deficiencias. Algunas directrices y orientaciones del Partido no han sido institucionalizadas de manera oportuna y cabal. En algunas áreas, la reflexión legislativa aún se centra en gran medida en la gestión. La calidad de la legislación no ha seguido el ritmo de las exigencias de la realidad. Todavía persisten disposiciones superpuestas, contradictorias y poco claras que obstaculizan la ejecución y la promoción de la innovación, captación y liberación de recursos de inversión.

En el futuro, para continuar promoviendo la democracia, respetando y protegiendo eficazmente los derechos humanos y civiles, y asegurando un equilibrio y una justificación razonables entre el nivel de disfrute de derechos y los intereses legítimos, en el espíritu de la Resolución N.° 66-NQ/TW del Buró Político, es necesario prestar atención a los siguientes puntos:

Primero, resulta preciso implementar seriamente el mecanismo de recepción y rendición de las opiniones y comentarios de los sujetos afectados, ciudadanos y empresas en el proceso de elaboración, perfeccionamiento y ejecución de políticas y leyes; evitar crear dificultades para los pobladores y empresas en el diseño de políticas y la elaboración de leyes. El sistema legal necesita definir de manera más cabal y clara los mecanismos y métodos para que los ciudadanos participen en la gestión estatal. Las autoridades competentes deben garantizar que la ciudadanía reciba suficiente información sobre el contenido de la consulta, de modo que cuente con la información necesaria y la máxima facilidad para compartir, intercambiar y debatir, con el fin de formarse opiniones de la más alta calidad. Asimismo, es vital fortalecer el diálogo, recibir y escuchar criterios y sugerencias, y resolver oportunamente las dificultades y obstáculos legales que enfrentan las personas, organizaciones, empresas y localidades.

Segundo, hay que continuar perfeccionando las leyes, mecanismos y políticas destinadas a “promover el papel del Frente de la Patria de Vietnam, las organizaciones sociopolíticas, asociaciones populares y medios de comunicación masiva en la formulación de estrategias y políticas de desarrollo socioeconómico y en la detección, prevención y lucha contra la corrupción y el despilfarro”⁽⁵⁾. Se ha de potenciar el papel de supervisión y crítica social del Frente de la Patria de Vietnam, así como la participación amplia y sustancial de los ciudadanos, organizaciones y empresas en la elaboración y ejecución de las leyes, contribuyendo a ampliar la democracia y fortalecer el consenso social respecto a la construcción y aplicación de las directrices y lineamientos del Partido, y las políticas y leyes del Estado, en aras de construir un Partido y un Estado transparentes y fuertes. Resulta necesario estudiar la creación de un proceso específico para que el Frente de la Patria de Vietnam ejerza la crítica social sobre los borradores de documentos legales, planificaciones, planes, programas, proyectos y esquemas de los organismos estatales.

Tercero, hace falta crear un avance decisivo en la ejecución de las leyes, asegurando que la legislación se aplique de manera justa, estricta, consistente, oportuna, válida y eficaz; y vincular estrechamente la elaboración con la ejecución de las leyes. Esto plantea el requisito de renovar el pensamiento, tomando como eje central la promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos con mayor calidad y eficacia; perfeccionar el mecanismo para vincular estrechamente la elaboración de las leyes con su ejecución; prestar atención a las actividades en pos de su cumplimiento; garantizar una aplicación legal democrática, justa, humanitaria, estricta, consistente, oportuna, eficaz y eficiente; y concentrarse en un liderazgo y dirección decisivos, así como aumentar los recursos para dicha labor.

El trabajo legislativo debe respetar, garantizar y proteger eficazmente los derechos humanos y civiles

En referencia a la visión para 2045, la Resolución N.º 66-NQ/TW del Buró Político determina que Vietnam contará con un sistema legal de alta calidad y moderno, que emule con los estándares y prácticas internacionales avanzadas y sea coherente con la realidad del país, aplicado de manera estricta y consistente, respetando, garantizando y protegiendo eficazmente los derechos humanos y civiles. Asimismo, el documento dispone que, además de algunos códigos y leyes sobre derechos humanos y civiles y procedimientos judiciales que deben ser específicos, otras legislaciones, en especial las que regulan la construcción para el desarrollo, deben estipular únicamente cuestiones marco y principios dentro de la competencia de la Asamblea Nacional; mientras que los asuntos prácticos que fluctúan con frecuencia se delegarán al Gobierno, ministerios, sectores y localidades para su regulación, con el fin de asegurar la flexibilidad y adecuación a la realidad.

En casi 40 años de la Renovación (especialmente en el periodo de más de 10 años de aplicación de la Constitución de 2013), Vietnam ha construido y perfeccionado el sistema legal para reconocer, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, así como los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos⁽⁶⁾. La mayoría de los ámbitos relacionados con los derechos humanos ya cuentan con documentos reguladores a nivel de ley u ordenanza⁽⁷⁾. Se puede observar que, a diferentes niveles, se han legislado los derechos humanos y civiles pertenecientes a los grupos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, garantizando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, la libertad de creencias y religión, la igualdad ante la ley, y el derecho a votar, a postularse para un cargo público y a participar en la gestión del país. Esto refleja un mayor progreso en el establecimiento y ejecución de los derechos de seguridad social, la erradicación del hambre, la reducción de la pobreza y el apoyo al acceso de la población a los servicios básicos, protegiendo a los grupos desfavorecidos y vulnerables de la sociedad⁽⁸⁾. El mecanismo para garantizar y proteger los derechos humanos y civiles también está regulado específicamente en las leyes mediante la estipulación directa de las funciones y facultades de las agencias estatales, así como las responsabilidades de otras organizaciones e individuos relacionados; el fortalecimiento de la responsabilidad y la garantía de rectitud, rigor y justicia en las actividades de los organismos estatales; la responsabilidad de indemnización del Estado cuando las violaciones causen daños a los ciudadanos; y la creación de mecanismos que garantizan el derecho a la queja, demanda y denuncia. Muchas leyes estipulan de manera bastante específica y exhaustiva las medidas para garantizar la implementación de los derechos humanos y civiles, especialmente aquellas destinadas a concretar directamente los derechos otorgados por la Constitución, limitando al máximo las cláusulas de delegación en la regulación detallada de la ejecución de leyes⁽⁹⁾. No obstante, la legislación sobre derechos humanos y civiles aún presenta ciertas limitaciones (algunos derechos constitucionales no han sido institucionalizados, algunas disposiciones legales sobre derechos siguen siendo deficientes y los mecanismos de garantía y protección no son todavía completos del todo ni eficaces). Para continuar con la elaboración de leyes orientadas a respetar, garantizar y proteger eficazmente los derechos humanos y civiles según la Resolución N.º 66-NQ/TW del Buró Político, es necesario desplegar las siguientes soluciones específicas:

En primer lugar, se han de perfeccionar las leyes que institucionalizan los derechos humanos y civiles. En tal sentido, resulta vital continuar revisando e impulsando el trabajo de redacción y adopción de leyes sobre los derechos consagrados en la Constitución de 2013. Esto desempeña un papel crucial en el respeto, garantía y protección de los derechos. Además, se debe seguir revisando y perfeccionando el marco jurídico relativo a los grupos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es imperativo persistir en la transición de una mentalidad de gestión a una de creación para el desarrollo en la elaboración y ejecución de las leyes, particularmente aquellas sobre los derechos humanos y civiles. El derecho es el factor más básico y esencial de la concepción de “creación para el desarrollo”⁽¹⁰⁾. Por consiguiente, se deben identificar los valores universales de la protección de los derechos humanos como orientación en la construcción e implementación de leyes, aclarando los derechos, obligaciones y responsabilidades de los sujetos implicados en dicho proceso.

En segundo lugar, es preciso continuar perfeccionando mecanismos legales para adaptarse a los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. En términos generales, la garantía y protección de los derechos humanos y civiles en el contexto del desarrollo científico-tecnológico y el impacto de la Cuarta Revolución Industrial deben estar ligadas a los valores universales del bienestar humano, acorde con la Constitución, las leyes y las condiciones socioeconómicas de Vietnam; asegurar las necesidades de la política exterior e interna, la seguridad nacional, el orden y la seguridad social, y cumplir con los requisitos de gestión del Estado en la nueva situación.

En tercer lugar, resulta necesario seguir perfeccionando los mecanismos de garantía y las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos y civiles; fortalecer la educación para elevar la capacidad y la conciencia al respecto en las escuelas y los organismos que velan por la aplicación de la ley; realzar la contribución de los medios de comunicación públicos a la promoción de los derechos humanos; mejorar el conocimiento sobre esta materia en el derecho internacional y los mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y regionales en los que Vietnam participa; y sensibilizar a los organismos estatales, organizaciones sociopolíticas y todos los estratos de la población sobre el “enfoque basado en derechos” a favor de los grupos vulnerables. Asimismo, se debe continuar estudiando la posibilidad de establecer una institución nacional de derechos humanos adecuada a las condiciones económicas, culturales y sociales de Vietnam y a los tratados internacionales suscritos.

El trabajo legislativo debe asegurar el equilibrio y la racionalidad entre el grado de restricción de los derechos y los beneficios legítimos

 La Resolución N.º 66-NQ/TW del Buró Político exige que el trabajo legislativo garantice el equilibrio y la racionalidad entre el grado de restricción de los derechos y los beneficios legítimos que se alcanzan. El documento demanda abandonar definitivamente la mentalidad de “prohibir lo que no se puede gestionar”. Asimismo, establece una orientación para que la legislación salvaguarde los derechos humanos y civiles.

La restricción de los derechos es una disposición reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH) y en varios tratados internacionales, cuya esencia permite a los Estados miembros establecer por ley ciertos límites al ejercicio y disfrute de determinados derechos humanos vinculados a aspectos de la moralidad, el orden público y el bienestar común. El principio general sobre la limitación de derechos se consagró por primera vez en el Artículo 14 de la Constitución de 2013, lo que representa un gran avance en el pensamiento constitucional de Vietnam. Para asegurar el equilibrio y la racionalidad entre el nivel de restricción y la protección del interés general, se requiere mayor investigación para concretar diversas cuestiones, como la disposición de la Constitución de 2013 que establece que los derechos humanos y civiles solo pueden restringirse por ley en casos de necesidad por razones de defensa, seguridad nacional, orden y seguridad social, moral social o salud comunitaria; y que el ejercicio de estos derechos no debe infringir los intereses nacionales ni los derechos e intereses legítimos de los demás, orientándose siempre al fin supremo de proteger los derechos de la comunidad y muchas otras personas.

Evitar la creación de dificultades para los ciudadanos y empresas en el diseño de políticas y la elaboración de leyes

Los requisitos de la Resolución N.º 66-NQ/TW del Buró Político están estrechamente relacionados con los derechos de los ciudadanos y las empresas (especialmente en los ámbitos de negocios y el comercio). Si las disposiciones legales son inapropiadas y generan dificultades para los afectados, esto impactará directamente en el goce de los derechos de la población y del sector empresarial. En ese caso, la ley difícilmente podrá ejecutarse y los derechos de los sujetos no estarán garantizados. En la etapa actual, la construcción y el perfeccionamiento del sistema legal tienen el objetivo claro de eliminar los cuellos de botella institucionales para impulsar el desarrollo socioeconómico. Se requiere una renovación profunda del pensamiento legislativo en la orientación de garantizar los criterios de la gestión estatal y a la vez fomentar la creatividad, liberar toda la capacidad productiva y movilizar todos los recursos para el desarrollo. Al mismo tiempo, es preciso crear un entorno favorable para la inversión, la producción y los negocios, e impulsar la transformación digital. Se debe construir de forma proactiva y urgente el marco legal y los mecanismos de incentivo para sectores emergentes, obras de alta tecnología, grandes proyectos, nuevas tendencias, la transformación digital, el crecimiento verde y la economía circular⁽¹¹⁾.

Es evidente que las nuevas tendencias y modelos de desarrollo requieren nuevas políticas que nutran y brinden oportunidades para el crecimiento de negocios emergentes. El mecanismo de gestión también debe adaptarse a los nuevos modelos de negocios, lo que exige un sistema legal más flexible y capaz de aceptar ciertos niveles de riesgo. Modelos emergentes, como la tecnología financiera (fintech), los mecanismos de prueba controlados (sandbox) o los mecanismos piloto como la economía circular, han planteado múltiples desafíos para la construcción y el perfeccionamiento de marcos legales que sirven de base para que los inversores participen en estas áreas. Por ello, el 7 de junio de 2022, se aprobó el “Plan de Desarrollo de la Economía Circular en Vietnam”, el cual enfatiza un enfoque hacia la vertiente “económica” de este modelo. El documento subraya la perspectiva de “centrarse en la promulgación de políticas duraderas para fomentar, incentivar y facilitar el desarrollo de la economía circular, vinculadas a hojas de ruta y resultados específicos; al mismo tiempo, perfeccionar una base legal sólida y crear flexibilidad y proactividad para promover pronto el modelo de economía circular a niveles apropiados en diferentes industrias, sectores y localidades”. Además, el 29 de abril de 2025, se promulgó el mecanismo de prueba controlado en el sector bancario para la implementación de nuevos productos, servicios y modelos de negocio mediante la aplicación de soluciones fintech, con los siguientes objetivos: promover la innovación y la modernización del sector bancario, materializando así la meta de inclusión financiera para ciudadanos y empresas de manera transparente, conveniente, segura, eficiente y con bajo costo; establecer un entorno de prueba para evaluar riesgos, costos y beneficios de las soluciones fintech; apoyar la construcción y el desarrollo de soluciones fintech alineadas con las necesidades del mercado y los marcos regulatorios; limitar los riesgos para los clientes que utilizan soluciones fintech proporcionadas por organizaciones participantes en el mecanismo de prueba; y utilizar los resultados de la implementación de estas experimentaciones como base práctica para que las autoridades estatales competentes estudien, construyan y perfeccionen el marco legal y las regulaciones pertinentes, en caso de ser necesario./.

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* Abogado, Colegio de Abogados de Hanoi
(1) Véase: Nguyen Van Cuong, Truong Hong Quang: “Mecanismos para asegurar la participación del pueblo en actividades de organismos estatales en el contexto del perfeccionamiento del Estado de derecho”, Revista de Investigación Legislativa, N.º 15-2022, págs. 3-12
(2) Le Van Chien: “Participación ciudadana en la gestión social en Vietnam”, Revista Electrónica de Teoría Política, 23 de enero de 2020, http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/3033-su-tham-gia-cua-nguoi-dan-vao-quan-ly-xa-hoi-o-viet-nam.html
(3) Vo Khanh Vinh: “La reforma legislativa debe promover la democracia y proteger los derechos humanos”, Portal electrónico del Ministerio de Justicia, 21 de febrero de 2025, https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemID=4490
(4) “Novedades innovadoras de la Ley de Promulgación de Documentos Legales de 2025”, Periódico electrónico del Gobierno, 11 de marzo de 2025, https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nhung-diem-moi-co-tinh-dot-pha-cua-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2025-119250311121042727.htm
(5) Documentos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, Editorial Política Nacional Su That (La Verdad), Hanoi, 2021, vol. I, págs. 288-289
(6) Truong Hong Quang (Editor): 10 años de implementación de la Constitución de la República Socialista de Vietnam de 2013: Logros y perspectivas de desarrollo (Monografía), Editorial Política Nacional Su That (La Verdad), Hanoi, 2024, pág. 95
(7) Véase: Informe N.º 344/BC-CP, emitido el 22 de agosto de 2019 por el Gobierno, sobre el “Balance de los 5 años de implementación de la Constitución de 2013 (2014-2019)”, págs. 9-16
(8) Ministerio de Justicia, Instituto de Ciencias Jurídicas, Nguyen Van Cuong (Editor): La necesidad de mejorar el sistema legal hasta 2030, Editorial Política Nacional Su That (La Verdad), Hanoi, 2018, pág. 185
(9) Ejemplo: Las medidas para garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a acceder a la información se estipulan en el Artículo 33 de la Ley de Acceso a la Información de 2016.
(10) Véase: Dinh Dung Sy: “El sistema legal vietnamita en el proceso de renovación y desarrollo nacional”, Revista de Investigación Legislativa, N.º 1-2020, págs. 3-10, 16
(11) Chan Luan: “Elaborar leyes para evitar dificultades a los pobladores y las empresas”, Periódico electrónico de Derecho de Ciudad Ho Chi Minh, 12 de febrero de 2025, https://plo.vn/xay-dung-luat-de-khong-day-kho-khan-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-post833839.html