Revista Comunista- En el contexto en que el país entra en una nueva etapa de desarrollo, la construcción de un aparato político más ágil, eficiente y eficaz ha sido definida por el Partido Comunista de Vietnam y el Estado de Vietnam como una tarea central y permanente. Las directrices y lineamientos del Partido han sido rápidamente institucionalizados, con el objetivo de simplificar los órganos a nivel central, establecer un modelo de gobierno local de dos niveles (provincia-comuna) y, al mismo tiempo, perfeccionar las instituciones relativas a cuadros y funcionarios públicos en una dirección interconectada y moderna.

1. Resultados del perfeccionamiento institucional y de las políticas sobre la organización del aparato político a nivel central

El modelo de organización gubernamental de cuatro niveles (central-provincia-distrito-comuna) ha funcionado durante cerca de 80 años, contribuyendo en gran medida a la causa de la resistencia, la construcción y el desarrollo del país. Sin embargo, junto con el fuerte desarrollo socioeconómico y las exigencias de la integración internacional, dicho modelo ha evidenciado ciertas limitaciones: estructura sobredimensionada, superposición de funciones, escasa flexibilidad en la gestión y una capacidad insuficiente para responder oportunamente a las necesidades de la población. Ante esta situación, el Comité Central, el Buró Político y el Secretariado han promulgado numerosas resoluciones y conclusiones de gran importancia⁽¹⁾, con el fin de continuar reorganizando el aparato político tanto a nivel central como local, vinculándolo con la reforma del régimen de la función pública y del funcionariado, sentando así las bases para una transformación revolucionaria en la estructura organizativa: racionalización de los órganos centrales, construcción de un modelo de gobierno local de dos niveles (provincia-comuna) y perfeccionamiento simultáneo del marco institucional relativo a cuadros y funcionarios en una dirección moderna e interconectada.

En cumplimiento de la Resolución No. 18-NQ/TW del Comité Central del Partido del XII mandato, fechada el 25 de octubre de 2017, acerca de algunas cuestiones sobre la continuación de la renovación y reorganización del aparato político para hacerlo ágil, eficaz y eficiente (en adelante, Resolución No. 18-NQ/TW); de la Conclusión No. 121-KL/TW del  Comité Central del Partido del XIII mandato, con fecha del 24 de enero de 2025; y de los documentos directivos del Buró Político y del Comité Directivo Central encargado de revisar la implementación de la Resolución No. 18-NQ/TW (en adelante, Comité Directivo Central), el Gobierno ha emitido 25 documentos para dirigir, administrar y concretar dichas orientaciones. Los organismos e instituciones del sistema político, conforme a sus funciones y tareas, han desplegado planes y proyectos de reorganización, aplicando estrictamente los documentos guía, con el fin de garantizar que la reorganización del aparato desde el nivel central hasta el local se lleve a cabo de manera unificada, sincronizada y en estricto apego a las directrices y lineamientos del Partido.

El Comité Directivo del Gobierno encargado de la evaluación de la Resolución No. 18-NQ/TW fue establecido con el objetivo de concentrar los esfuerzos en la reorganización y racionalización de la estructura organizativa del Gobierno. Dicho Comité ha celebrado 11 sesiones para debatir y emitir opiniones sobre materias de su competencia, así como para orientar numerosos contenidos y políticas importantes, garantizando una implementación uniforme tanto a nivel central como local. De conformidad con el Plan No. 141/KH-BCDTKNQ18, fechado el 6 de diciembre de 2024, del Comité Directivo del Gobierno para la evaluación de la Resolución No. 18-NQ/TW, sobre la orientación para la reorganización y racionalización de la estructura del Gobierno, y en cumplimiento de la asignación del Primer Ministro quien es jefe del Comité Directivo, los viceprimeros ministros dirigieron directamente a los ministerios, órganos de nivel ministerial y entidades dependientes del Gobierno en el cumplimiento de las tareas de fusión, integración y asignación de funciones, competencias y estructuras organizativas. Al mismo tiempo, orientaron la reorganización y reestructuración interna de ministerios, sectores y organismos conforme a las directrices del Comité Directivo Central y del Comité Directivo del Gobierno. Los ministerios, sectores, organismos y localidades establecieron sus propios comités directivos para dirigir la evaluación de la implementación de la Resolución No. 18-NQ/TW y proponer planes de reorganización y consolidación del aparato conforme a los requerimientos establecidos. Asimismo, los ministerios y organismos sujetos a procesos de fusión o integración constituyeron comités directivos conjuntos para dirigir la elaboración de proyectos de fusión y presentar propuestas destinadas a racionalizar la estructura de los nuevos ministerios y sectores, a partir de las exigencias del Comité Directivo del Gobierno. Sobre la base de los documentos de dirección, orientación y conducción del Comité Central, la Asamblea Nacional y el Gobierno en relación con la evaluación de la Resolución No. 18-NQ/TW y la reorganización estructural, el Gobierno ha orientado periódicamente a los ministerios, sectores, organismos y localidades para asegurar su ejecución. Paralelamente, se ha encargado de dar seguimiento, supervisión y realizar ajustes oportunos con el fin de garantizar que la reorganización y racionalización de las instituciones, organizaciones y unidades se complete conforme al calendario previsto, con la calidad requerida y de acuerdo con los planes aprobados por las autoridades competentes.

La Asamblea Nacional aprobó cinco leyes relativas a la organización del aparato estatal⁽²⁾, cuatro resoluciones sobre la reorganización de la Asamblea Nacional y del Gobierno de la XV legislatura⁽³⁾, así como una resolución sobre la solución de determinadas cuestiones vinculadas con la reorganización del aparato estatal⁽⁴⁾, con el propósito de institucionalizar las directrices y resoluciones del Partido, las conclusiones del Buró Político y el Secretariado sobre la racionalización de la estructura del sistema político. En particular, en lo relativo al Gobierno, la Asamblea Nacional examinó y aprobó la Ley Orgánica del Gobierno de 2025 durante la novena  reunión de la XV Legislatura. La nueva Ley perfecciona los principios sobre definición de competencias, descentralización, delegación de competencias y autorización entre el Gobierno, el Primer Ministro, los ministros, los jefes de órganos de rango ministerial y las autoridades locales. Ello constituye una base para que los organismos y unidades del sistema político revisen las competencias actualmente establecidas en los documentos normativos, impulsen la descentralización y delegación en la gestión estatal, y lleven adelante una transformación en la organización del aparato estatal orientada a estructuras más compactas, sólidas, eficientes, eficaces y efectivas. Este también es un documento importante, con alto valor jurídico, que sirve de base para que los ministerios y sectores revisen y perfeccionen las disposiciones legales especializadas, garantizando su conformidad con los principios y disposiciones establecidos en la Ley, así como con las exigencias de renovación del pensamiento en la elaboración legislativa.

Con el fin de implementar oportunamente las disposiciones de la Ley Orgánica del Gobierno de 2025 y resolver con prontitud las dificultades y obstáculos existentes en la normativa vigente sobre descentralización y delegación de competencias, el Primer Ministro promulgó la Decisión No. 608/QD-TTg, del 15 de marzo de 2025, que aprobó el Plan de ejecución de tareas y soluciones para impulsar la descentralización y delegación de competencias conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Gobierno y la Ley Orgánica de la Administración Local. El Gobierno emitió 23 decretos que regulan las funciones, tareas, competencias y estructura organizativa de 22 ministerios, órganos de rango ministerial y entidades dependientes del Gobierno⁽⁵⁾. Los decretos sobre la organización estructural, así como aquellos vinculados con la reorganización del aparato administrativo, la gestión de plantillas y la reducción de personal, fueron promulgados de manera sincronizada. De este modo, se institucionalizaron las directrices y disposiciones del Partido y del Estado, contribuyendo a la ejecución eficaz de la revolución para la racionalización de la estructura organizativa, vinculada estrechamente con la reducción de plantillas, la reestructuración administrativa y la elevación de la calidad del contingente de cuadros, funcionarios y empleados públicos.

2. Resultados del perfeccionamiento institucional y de las políticas sobre el modelo de gobierno local de dos niveles

El Partido Comunista de Vietnam ha definido que la reorganización del aparato político, incluida la administración local, debe orientarse hacia estructuras más racionalizadas, con funcionamiento eficaz y eficiente, y más cercanas a la población. La Resolución No. 18-NQ/TW planteó por primera vez la necesidad de estudiar y poner a prueba la renovación del modelo de gobierno local. Posteriormente, la Resolución No. 37-NQ/TW del Buró Político del XII mandato, con fecha del 24 de diciembre de 2018, , sobre la reorganización de las unidades administrativas de nivel distrital y comunal, y las conclusiones del Buró Político y el Secretariado, establecieron la directriz de reorganizar dichas unidades administrativas. Fue promulgada la Resolución No. 60-NQ/TW del XI pleno del Comité Central del Partido del XIII mandato, fechada el 12 de abril de 2025, la cual decidió varios contenidos concretos sobre la estructura del gobierno local: 1- Establecer un modelo de gobierno local de dos niveles: el nivel provincial (provincias y ciudades bajo la administración central) y el nivel comunal (comunas, barrios y zonas especiales dependientes de provincias o ciudades); cesando el funcionamiento de las unidades administrativas de nivel distrital a partir del 1 de julio de 2025, una vez entraran en vigor la Resolución sobre la enmienda y complementación de algunos artículos de la Constitución de la República Socialista de Vietnam y la Ley Orgánica de la Administración Local de 2025; 2- Aprobar que el número de unidades administrativas de nivel provincial, tras las fusiones, quedara en 34 provincias y ciudades (28 provincias y 6 ciudades bajo la administración central); 3- Acordar la fusión de unidades administrativas de nivel comunal, garantizando una reducción de entre el 60% y el 70% del número actual de dichas unidades en todo el país.

En cumplimiento de las resoluciones y conclusiones del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, especialmente de la Resolución No. 60-NQ/TW del Comité Central del XIII mandato, el país emprendió una reorganización de las unidades administrativas en todos los niveles. El Ministerio del Interior asesoró al Gobierno para promulgar el 7 de abril de 2025 la Resolución No. 74/NQ-CP sobre el plan para la reorganización de unidades administrativas y la construcción del modelo de gobierno local de dos niveles. Los Comités Populares de provincias y ciudades elaboraron proyectos de reorganización de las unidades administrativas comunales y provinciales conforme a la asignación del Gobierno; organizaron consultas populares sobre los planes de fusión, obteniéndose un promedio muy elevado de consenso ciudadano, del 96,19%; el 100% de los Consejos Populares de todos los niveles en las localidades implicadas en la reorganización aprobaron mediante votación la orientación del reordenamiento provincial y municipal vinculada con sus respectivos territorios. Sobre la base de los proyectos presentados por las localidades, se llevó a cabo el proceso de evaluación y consolidación en un proyecto general para su aprobación gubernamental. A propuesta del Ministerio del Interior, el Gobierno presentó ante la Asamblea Nacional la Resolución No. 202/2025/QH15, con fecha del 12 de junio de 2025, sobre la reorganización de las unidades administrativas de nivel provincial, y presentó asimismo ante el Comité Permanente de la Asamblea Nacional 34 resoluciones relativas a la reorganización de unidades administrativas de nivel comunal en las 34 provincias durante 2025. Como resultado, el país cuenta actualmente con 34 unidades administrativas de nivel provincial (6 ciudades y 28 provincias) y 3.321 unidades administrativas de nivel comunal (2.621 comunas, 687 barrios y 13 zonas especiales). El número de provincias y ciudades se redujo de 63 a 34, mientras que el número de unidades comunales disminuyó en más de 6.700, equivalente a una reducción del 66,9%, al pasar de 10.035 unidades a aproximadamente 3.321, cumpliendo así los objetivos fijados por el Comité Central.

Junto con la reorganización de las unidades administrativas, el Comité Central exigió la pronta modificación y perfeccionamiento de las regulaciones jurídicas, con el fin de garantizar que el nuevo aparato de administración local entrara en funcionamiento de manera rápida, fluida y eficaz. Este proceso debía llevarse a cabo con urgencia, sobre la base de una revisión rigurosa y una evaluación cuidadosa para transferir las funciones del nivel distrital al provincial o comunal. Al mismo tiempo, los procedimientos administrativos fueron rediseñados para asegurar una mayor racionalidad, ahorro y la mejor atención a las necesidades de la ciudadanía y las empresas. Con ese espíritu, el Gobierno presentó ante la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de la Administración Local de 2025, creando una base jurídica fundamental para el funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles. Uno de los aspectos más destacados de esta Ley es la definición concreta de competencias y responsabilidades entre la administración provincial y comunal, garantizando la unidad en la dirección y gestión, al tiempo que fortalece la descentralización y otorga mayor autoridad al nivel de base. A largo plazo, esta legislación es considerada uno de los pilares esenciales para la construcción de una administración moderna, eficaz y eficiente, que contribuya a materializar el objetivo de desarrollar una gobernanza racionalizada, al servicio del pueblo, e impulsar el proceso de transformación digital e integración internacional profunda.

Junto con la Ley Orgánica de la Administración Local de 2025, el Gobierno asesoró y presentó a la Asamblea Nacional para su aprobación 29 leyes y una resolución del Comité Permanente del órgano legislativo durante el noveno período de sesiones de la XV Legislatura, creando una importante base jurídica para institucionalizar la directriz del Partido sobre la racionalización del aparato organizativo y la reorganización de las unidades administrativas locales de dos niveles. El Ministerio del Interior, junto con otros ministerios y sectores, asesoró asimismo al Gobierno en la promulgación de más de 30 decretos sobre descentralización, delegación de competencias; además, fueron emitidas más de 60 circulares ministeriales dentro de sus competencias, destinadas a llevar adelante dicho proceso, así como a orientar los contenidos transitorios de los procedimientos administrativos, garantizando la coherencia y uniformidad, y creando condiciones favorables para que ciudadanos y empresas pudieran acceder y aplicar de inmediato estas disposiciones a partir del 1 de julio de 2025.

De este modo, el proceso de perfeccionamiento de instituciones, políticas y leyes sobre la organización del gobierno local de dos niveles se ha desplegado de manera integral, coordinada y con resultados sobresalientes. Desde la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración Local de 2025, pasando por la reorganización de las unidades administrativas, hasta la emisión de un sistema de decretos y circulares que establecen mecanismos claros de descentralización y delegación de competencias entre el nivel central y el local, así como entre el nivel provincial y el comunal, se ha conformado un marco jurídico unificado, viable y acorde con las exigencias de renovación. La reforma de la organización y funcionamiento del gobierno local de dos niveles no constituye únicamente una simple reorganización administrativa, sino un importante avance institucional que contribuye a configurar un modelo moderno de gobernanza nacional, transparente, eficaz y eficiente, capaz de responder a las exigencias de un desarrollo rápido y sostenible en la nueva etapa.

3- Resultados del perfeccionamiento institucional y de las políticas relativas a cuadros y funcionarios públicos

Durante los últimos tiempos, los órganos competentes han asesorado al Gobierno y al Primer Ministro para continuar concentrándose en la dirección y conducción orientadas a acelerar la reforma del régimen de la función pública y del servicio civil. El eje central de este proceso ha sido la institucionalización de las directrices y lineamientos del Partido en materia de trabajo de cuadros, respondiendo a la exigencia de elevar la calidad del personal en estrecha vinculación con la reestructuración del cuerpo de cuadros y funcionarios públicos, a fin de perfeccionar y renovar los mecanismos, políticas y leyes relativas a su gestión, de manera coordinada, interconectada y coherente en todo el sistema político, y ajustada a la realidad del país.

Durante el noveno período de sesiones de la XV Legislatura, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Cuadros y Funcionarios Públicos de 2025, con entrada en vigor el 1 de julio de 2025. Dicha Ley institucionaliza las orientaciones del Partido en materia del trabajo de cuadros, especialmente las resoluciones innovadoras, erigiéndose en un “pilar” para conducir al país hacia una nueva era de desarrollo, recientemente promulgadas por el Buró Político⁽⁶⁾. La legislación refleja un pensamiento renovador y crea un corredor jurídico integral para la gestión de cuadros y funcionarios públicos en una dirección dinámica, transparente y eficiente, respondiendo a las exigencias y tareas de construir un cuerpo profesional al servicio del desarrollo socioeconómico y las necesidades de la ciudadanía y de las empresas.

Con base en las disposiciones de la nueva Ley que encomiendan al Gobierno la reglamentación detallada de su aplicación, el Ejecutivo instruyó al Ministerio del Interior para presidir y coordinar con los organismos competentes la elaboración de los decretos orientadores. El 30 de junio de 2025, el Gobierno promulgó cuatro decretos cuya entrada en vigor coincidió con la de la Ley de Cuadros y Funcionarios Públicos, a partir del 1 de julio de 2025, entre ellos: 1- Decreto No. 170/2025/ND-CP, sobre el reclutamiento, la utilización y gestión de funcionarios públicos; 2- Decreto No. 171/2025/ND-CP, sobre la formación y capacitación de funcionarios públicos; 3- Decreto No. 172/2025/ND-CP, sobre el régimen disciplinario aplicable a cuadros y funcionarios públicos (modificado y complementado por el Decreto No. 251/2025/ND-CP); 4- Decreto No. 173/2025/ND-CP, sobre los contratos para la ejecución de funciones de los funcionarios públicos. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior presentó al Gobierno para la emisión del Decreto No. 179/2025/ND-CP, con fecha del 1 de julio de 2025, sobre los niveles de apoyo para el personal especializado en transformación digital, seguridad de la información y ciberseguridad; el Decreto No. 231/2025/ND-CP, del 26 de agosto de 2025, sobre la selección y utilización de Ingenieros jefe y Arquitectos jefe en los ámbitos de la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional; el Decreto No. 249/2025/ND-CP, con fecha del 19 de septiembre de 2025, sobre mecanismos y políticas para atraer expertos en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. La promulgación de la Ley de Cuadros y Funcionarios Públicos, junto con sus decretos orientadores, constituye un paso para concretar en la práctica las grandes orientaciones del Partido sobre el trabajo de cuadros y el régimen de la función pública, especialmente la institucionalización de las resoluciones innovadoras del Buró Político, definidas como pilares del desarrollo nacional, en aras de construir una administración pública moderna, profesional y orientada al desarrollo del país, así como al servicio efectivo al pueblo.

Hasta la fecha, puede afirmarse que el proceso de asesoramiento e institucionalización de las directrices y resoluciones del Partido, las políticas y leyes del Estado relativas a la racionalización del aparato organizativo y la construcción del modelo de gobierno local de dos niveles, ha alcanzado resultados importantes:

En primer lugar, las directrices y resoluciones del Partido fueron rápidamente institucionalizadas en políticas y leyes, aplicadas con eficacia en la práctica. Desde la perspectiva de dirección, la labor de asesoramiento e institucionalización ha contribuido a definir principios y métodos de ejecución que garantizan, al mismo tiempo, una visión integral y pasos concretos, urgentes pero sin precipitación. La selección de las opciones de asesoramiento e institucionalización debía constituir verdaderamente la mejor alternativa entre varias propuestas viables. En ese sentido, la fusión de ministerios se llevó a cabo garantizando el principio de integración, evitando duplicidades y superposiciones en funciones y tareas, reduciendo niveles intermedios y promoviendo la innovación en la descentralización y delegación de facultades. Asimismo, se estableció una estructura organizativa marco para asegurar la uniformidad durante la implementación. La reorganización de las unidades administrativas también se orientó conforme a una visión del desarrollo marítimo, garantizando escalas óptimas de población y superficie territorial.

En segundo lugar, la labor de asesoramiento e institucionalización se desarrolló de manera sincronizada, no solo en lo referente a la estructura organizativa, sino también en relación con el factor humano dentro de las instituciones, así como respecto a la percepción de la población ante los cambios en las unidades administrativas. Esa coherencia también se manifestó en el ámbito institucional y jurídico: las dificultades, obstáculos y cuellos de botella fueron analizados, identificados y resueltos con el máximo esfuerzo.

En tercer lugar, el proceso de asesoramiento e institucionalización garantizó la constitucionalidad y legalidad. El modelo de gobierno local de dos niveles se sustentó jurídicamente en la modificación y complementación de la Constitución de 2013, las resoluciones de la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de la Administración Local, los decretos y circulares. Cada nivel jurídico representó un paso concreto en la materialización del modelo de gobierno local de dos niveles, asegurando el funcionamiento eficaz de esta nueva estructura organizativa.

En cuarto lugar, el proceso de asesoramiento e institucionalización se desarrolló con un pensamiento innovador, estrechamente vinculado a la realidad y orientado a responder a las exigencias de crear condiciones para el desarrollo. La revolución en la racionalización del aparato político y la aplicación del modelo de gobierno local de dos niveles no tiene precedentes en los 80 años de trayectoria de la República Socialista de Vietnam. Se trata, verdaderamente, de una gran reforma, integral y profunda. Por ello, la labor de asesoramiento e institucionalización fue abordada con un pensamiento innovador, sustentado en la práctica, estrechamente alineada con el liderazgo del Partido y atenta a las aspiraciones y voluntad del pueblo, con el propósito de generar la convergencia entre la “voluntad del Partido y el apoyo del pueblo”, y materializar la aspiración de un Vietnam fuerte y próspero.

4- Algunas lecciones extraídas de la experiencia

La construcción e implementación del modelo de gobierno local de dos niveles en todo el país, en un contexto marcado por una fuerte presión de tiempo, ha constituido una tarea de gran magnitud y sin precedentes. A partir de la experiencia práctica de este proceso, pueden extraerse las lecciones siguientes:

Primero, el liderazgo unificado del Partido tiene una importancia decisiva. Las directrices y resoluciones del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, junto con las orientaciones profundas e integrales del secretario general To Lam, revisten un significado fundamental y han servido como guía rectora para el proceso de asesoramiento e institucionalización de las regulaciones relativas a la construcción del gobierno local de dos niveles. Por ello, el estudio exhaustivo y completo de las directrices, resoluciones y conclusiones del Partido constituye una premisa esencial para garantizar la calidad y eficacia de dicha labor.

Segundo, resulta indispensable promover el espíritu de solidaridad y unidad en todo el Partido y el sistema político, así como asegurar el consenso y respaldo de la población. La construcción del gobierno local de dos niveles representa una “revolución”, que exige una alta determinación política, grandes esfuerzos y la participación coordinada de numerosos organismos desde el nivel central hasta el local.

Tercero, el método y la forma de asesoramiento deben ser proactivos, flexibles y creativos, evitando el perfeccionismo, pero manteniendo la prudencia, la solidez, el rigor científico, la profundidad y una visión dialéctica de la historia y la cultura. Asimismo, deben integrar de manera global y comprehensiva factores como el pensamiento estratégico, la magnitud de la visión, la filosofía de desarrollo, la psicología social, las tendencias mundiales y la realidad de Vietnam, situándolos dentro del objetivo general y de las perspectivas de desarrollo del país en la nueva era: una era de ascenso hacia la prosperidad y la fortaleza de la nación.

Cuarto, en la labor de asesoramiento estratégico es necesario profundizar el principio de que “el pueblo es la raíz” y “el pueblo es el centro”. Todas las propuestas relativas al sistema institucional y de políticas, especialmente aquellas de gran trascendencia o complejidad, deben sustentarse en el pueblo, tomando como objetivo primordial el desarrollo general del país y el bienestar y la felicidad de la población para orientar su implementación.

Quinto, es imprescindible perfeccionar de manera proactiva, coordinada y oportuna el marco jurídico. La institucionalización de las directrices debe “ir un paso por delante”, creando un corredor legal claro que facilite su ejecución. La experiencia demuestra la necesidad de preparar tempranamente los proyectos normativos, movilizar la participación de ministerios, sectores, localidades y especialistas, así como recabar ampliamente la opinión de la ciudadanía, a fin de garantizar la calidad, el consenso social y una alta viabilidad.

Sexto, resulta fundamental fortalecer la capacidad de previsión, adaptación y respuesta oportuna de las políticas, seguir de cerca la situación y garantizar una comunicación fluida entre el nivel central y las localidades. Es necesario anticipar escenarios, preparar planes de contingencia, ajustar rápidamente las políticas cuando sea necesario y orientar directamente la solución inmediata de los problemas que surjan. Gracias a ello, numerosas cuestiones desde la adecuación del número de cargos adjuntos, los regímenes salariales y de subsidios para cuadros tras la reorganización, hasta la aclaración de normas sobre procedimientos administrativos fueron resueltas con rapidez.

Séptimo, debe promoverse la democracia, generar consenso social y movilizar la participación de la ciudadanía y el sistema político en el nivel de base. Durante la elaboración de los proyectos de fusión de unidades provinciales y comunales, los organismos competentes orientaron a las localidades para organizar miles de reuniones de consulta con los electores y la población. Gracias al respeto por la opinión popular, la retroalimentación activa y el ajuste de los planes adecuados, la política de reforma obtuvo un alto respaldo social (superior al 96%), reduciendo al mínimo las reacciones negativas. En este proceso destacó especialmente el importante papel de la labor de difusión y movilización del Partido y el sistema político, sobre todo cuando la fusión de unidades administrativas incidía directamente en los intereses de la ciudadanía y los cuadros locales.

Octavo, es imprescindible definir con claridad los objetivos y la visión estratégica, al servicio de la causacomún y al interés general de la nación. Frente a tareas importantes, nuevas, difíciles y complejas, los órganos de asesoramiento deben demostrar una elevada determinación política, concentrando la dirección y estableciendo orientaciones precisas sobre los contenidos, exigencias, responsabilidades y métodos de ejecución. La determinación y la acción solo alcanzan eficacia cuando se sitúan dentro de una visión estratégica, orientada hacia objetivos de desarrollo sostenible y a largo plazo del país, superando enfoques limitados por sectores o ámbitos, para avanzar hacia una perspectiva estratégica más amplia, en función de los valores comunes de la Patria y del pueblo.

Los primeros éxitos del proceso de reorganización y racionalización del aparato organizativo constituyen ya un hito histórico, al sentar las bases de un nuevo modelo de gobierno acorde con las exigencias del desarrollo nacional. Las profundas lecciones extraídas de esta “revolución” representan un valioso patrimonio para continuar perfeccionando y mejorando la calidad de funcionamiento del sistema político bajo el liderazgo del Partido, la gestión del Estado, así como la confianza y el acompañamiento de cuadros, militantes y del pueblo en todo el país, como contribución a hacer realidad la aspiración de “un pueblo próspero, un país fuerte, democrático, justo y civilizado”, en aras de conducir a Vietnam hacia una nueva era, la del desarrollo vigoroso y próspero./.
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* Miembro del Comité Central del Partido, Viceprimera ministra
(1) Entre las más representativas se encuentran: la Resolución No. 18-NQ/TW, del Comité Central del Partido del XII mandato, con fecha del 25 de octubre de 2017, acerca de algunas cuestiones sobre la continuación de la renovación y reorganización del aparato político para hacerlo ágil, eficaz y eficiente; la Resolución No. 37-NQ/TW, adoptada el 24 de diciembre de 2018 por el Buró Político del XII mandato, sobre la reorganización de las unidades administrativas de nivel distrital y comunal; la Conclusión No. 121-KL/TW, del Comité Central del Partido del XIII mandato, emitida el 24 de enero de 2025, sobre la revisión de la Resolución No. 18-NQ/TW, del 25 de octubre de 2017, aprobada por el Comité Central del Partido del XII mandato acerca de “Algunas cuestiones sobre la continuación de la renovación y reorganización del aparato político para hacerlo ágil, eficaz y eficiente; y la Resolución No. 60-NQ/TW, adoptada el 12 de abril de 2025 por el XI pleno del Comité Central del XIII mandato, entre otras.
(2) Incluyen: la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional; la Ley Orgánica del Gobierno; la Ley Orgánica de la Administración Local; la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley Orgánica de los Tribunales Populares; y la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Popular. 
(3) Como: la Resolución No. 176/2025/QH15, de la Asamblea Nacional, con fecha del 18 de febrero de 2025, sobre la estructura organizativa del Gobierno para el mandato de la XV Legislatura de la Asamblea Nacional; la Resolución No. 177/2025/QH15, de igual fecha, sobre el número de miembros del Gobierno para el mandato de la XV Legislatura de la Asamblea Nacional; la Resolución No. 178/2025/QH15, aprobada el 18 de febrero de 2025, sobre la organización de los órganos de la Asamblea Nacional; y la Resolución No. 179/2025/QH15, de igual fecha, sobre el número de miembros del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura.
(4) La Resolución No. 190/2025/QH15 de la Asamblea Nacional, con fecha del 19 de febrero de 2025, “sobre disposiciones para la resolución de determinadas cuestiones relacionadas con la reorganización del aparato estatal”.
(5) En particular, el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos ha presentado propuestas para la promulgación de dos decretos.
(6) Incluyen: la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político del XIII mandato, con fecha del 22 de diciembre de 2024, sobre avances para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital; la Resolución No. 59-NQ/TW, aprobada el 24 de enero de 2025 por el Buró Político del XIII mandato, sobre la integración internacional en la nueva coyuntura; la Resolución No. 66-NQ/TW, adoptada el 30 de abril de 2025 por el Buró Político del XIII mandato, sobre la renovación del trabajo de elaboración y aplicación de la ley para responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era; y la Resolución No. 68-NQ/TW del Buró Político, con fecha del 4 de mayo de 2025, sobre el desarrollo de la economía privada.