Revista Comunista - Tras 37 años de  la causa de renovación (Doi Moi) en Vietnam, la gestión del desarrollo social asociado con la economía centralmente planificada se transformó en un modelo de administración basado en múltiples actores y estrechamente relacionado con la diversificación de los recursos y mecanismos de injerencia del Estado, el mercado y la sociedad. Por lo tanto, la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad se maneja de manera apropiada, permitiendo poner en pleno ejercicio el papel de cada uno de los actores, para que se complementen entre sí y juntos impulsen el desarrollo de la sociedad.

El XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), efectuado en enero de 2021, registró avance en el pensamiento teórico sobre el manejo de la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. No solo esclareció las funciones del Estado en la economía de mercado con orientación socialista, vinculándolas con contenidos, mecanismos, métodos y herramientas de intervención y regulación concretos⁽¹⁾, el PCV afirmó: “El mercado desempeña el papel decisivo en la determinación de los precios de productos y servicios”⁽²⁾, “en la movilización, distribución y uso de los recursos”⁽³⁾, “las organizaciones sociales y socio-profesionales participan en la formación y regulación de las relaciones en la economía de mercado”⁽⁴⁾ y “en la retroalimentación sobre las leyes, mecanismos y políticas del Estado, así como en la supervisión sobre la aplicación de leyes por parte de las entidades, cuadros y funcionarios públicos”⁽⁵⁾. Esos nuevos argumentos se deben seguir estudiando de manera profunda, institucionalizando y concretando en función de la gestión del desarrollo de la sociedad digital y de la información.

1- El Estado, el mercado y la sociedad son tres elementos interrelacionados en la gestión del desarrollo social, la cual, en primer lugar, se basa en la institución del Estado, establecida a través de la Constitución y otras leyes para crear las reglas para los actores del mercado, así como el marco jurídico que garantiza que todas las organizaciones e individuos puedan hacer lo que la ley no prohíbe. La gestión del desarrollo social también se basa en la institución empresarial con los estatutos, regulaciones y la cultura corporativos, que regula las actividades de las firmas en sintonía con los mecanismos del mercado y en obediencia a la ley. Además, se basa en la institución social, con reglas explícitas y no explícitas, y reglamentos de las organizaciones sociales, que regulan las relaciones sociales y a cada miembro de esas organizaciones.

La gestión del desarrollo social también depende de las instituciones, tales como el aparato estatal, entidades de servicio público y privado, organizaciones económicas, sociales y comunitarias…

Está asociada con las mencionadas instituciones en un mecanismo mixto entre la gestión administrativa (como la asignación presupuestaria), los principios del mercado (como la aplicación de los principios de competencia en el acceso a la inversión pública entre las empresas del sector estatal y las otras), y los mecanismos comunitarios (tales como la autogestión en las áreas residenciales o de organizaciones sociales). El desarrollo social siempre requiere múltiples recursos, desde los estatales (tales como finanzas presupuestarias, inversión pública, terrenos, conocimientos, recursos humanos y digitales, y ciencia-tecnología), los corporativos (capital, conocimientos de gestión, ciencia-tecnología y recursos humanos) y sociales (terreno, capital, recursos culturales y humanos…).

La relación entre el Estado, el mercado y la sociedad en la gestión del desarrollo social se manifiesta en múltiples dimensiones: entre el sujeto y objeto de la gestión; entre los actores del mercado; entre las clases, comunidades, organizaciones e instituciones sociales y el Estado y el mercado; entre los intereses públicos y empresariales, de cada clase y comunidad social; y entre los recursos estatales, empresariales y sociales. La naturaleza profunda de esa relación es la combinación y complementación entre el Estado, el mercado y la sociedad con el fin de optimizar la gestión del desarrollo social en Vietnam. Los actores del trío mencionado pueden combinarse de manera estrecha y armoniosa, y complementarse entre sí siempre y cuando se integren al panorama completo de la economía de mercado, el Estado de derecho y la democracia socialista. De absolutizar algún actor del trío, se provocarán conflictos y se exacerbarán las deficiencias de cada componente, incluso haciendo que se opongan entre sí, lo que afectará de forma negativa la gestión del desarrollo social.

El Estado de derecho socialista propugna la supremacía de la ley y la ética del servicio público; la economía de mercado moderna y completa valora el cumplimiento de la ley y la integridad empresarial; y la sociedad civilizada y democrática funciona sobre la base del principio de derecho y el reajuste moral por la sociedad. Una sociedad avanzada siempre necesita leyes justas e imparciales y un Estado que actúe con apego al derecho y defienda los derechos humanos y ciudadanos. La supremacía de la ley, de ser obedecida por todas las organizaciones y ciudadanos, con el tiempo se convertirá en un hábito voluntario. El principio de derecho se aplica no solo a las empresas, la sociedad y los ciudadanos, sino también en primer lugar a los organismos y funcionarios públicos. Cuanto más se desarrolla la sociedad, más motivadas están las empresas privadas para cumplir mejor sus responsabilidades sociales, incrementando el bienestar y protegiendo los intereses de sus trabajadores, y participando en el suministro de los servicios sociales sin fines de lucro. Las organizaciones sociales también aplican métodos de administración empresarial para ampliar sus fondos y promover el crecimiento financiero, de modo que pueden cumplir mejor sus objetivos, misiones y valores morales. Definitivamente, el principio de derecho, la ética del servicio público, la integridad empresarial y la moral social son los “denominadores comunes” que garantizan la combinación estrecha y complementación efectiva entre el Estado, el mercado y la sociedad, para impulsar el desarrollo social sostenible. Y el liderazgo acertado del PCV desempeña el papel decisivo en la combinación estrecha y eficaz de ese trío en la gestión del desarrollo social en Vietnam hoy día.

2- En el lado positivo, la economía de mercado ayuda a distribuir con eficiencia los recursos, impulsar la libre competencia y la renovación tecnológica, mejorar la productividad laboral y eliminar las empresas ineficientes; poner en acción  el dinamismo y la creatividad de los trabajadores, desarrollar la capacidad productiva y crear cada vez más bienes. Sin embargo, su “defecto” es que a menudo presta atención a las necesidades con solvencia, es decir, sus inversiones suelen dirigirse a lugares rentables, por lo que no genera productos y servicios públicos. Para maximizar los beneficios, algunas empresas incluso están dispuestas a sacrificar los intereses públicos (tales como causar la contaminación ambiental o falsificar productos). En la economía de mercado, la distribución injusta conduce a la polarización de la riqueza y las brechas entre los ricos y los pobres, de condiciones de vida y de niveles de desarrollo entre las regiones. La competencia imperfecta debilita la eficacia del mecanismo del mercado y permite la aparición del monopolio, mientras que la espontaneidad del mercado suele causar crisis económicas cíclicas que dejan consecuencias a largo plazo.

Por lo tanto, emplear de forma apropiada e inteligente el papel del Estado y poner en alto la fuerza de la sociedad constituye la manera más importante para promover los aspectos positivos y corregir las “discapacidades” del mercado.

Primero, es crucial perfeccionar las instituciones para proteger el derecho de propiedad de todas las organizaciones e individuos; crear un entorno imparcial para que los actores en el mercado hagan negocios libremente y compitan de manera justa, así como para combatir el monopolio y eliminar los especuladores. Las herramientas, políticas y recursos estatales se utilizan para mantener la estabilidad macroeconómica; garantizar las grandes balanzas de la economía; crear un clima favorable, abierto y transparente para las empresas; regular, orientar e incentivar el desarrollo económico asociado con el progreso cultural y social, la protección del medioambiente y la garantía de la defensa y seguridad.

Segundo, se necesita redistribuir los ingresos mediante el sistema de bienestar social para superar la injusticia que surge después de la distribución inicial. El bienestar social en la economía de mercado con orientación socialista se garantiza gracias a la participación de múltiples actores, de los cuales el Estado desempeña el papel principal y utiliza como base los servicios públicos básicos y esenciales (gratuitos o a precios asequibles) para ofrecer los productos y servicios que el sector privado no suministra, satisfaciendo las necesidades materiales y espirituales de la población. En la economía de mercado, el Estado puede comisionar al sector no estatal el suministro de algunos servicios públicos para alentar la competencia tomando la satisfacción de los pobladores como barómetro de la calidad.

Tercero, la garantía del bienestar social ha de basarse en el mecanismo de contribución-disfrute y de compartir, permitiendo que los trabajadores siempre mantengan sus ingresos mínimos y en caso de incidentes o pérdida de capacidad laboral sean protegidos y atendidos, sin caer en situaciones precarias. Este sistema de seguridad social es patrocinado por el Estado, incluso a través del apoyo financiero y políticas, para implementar algunos beneficios sociales con funciones de seguridad, tales como ayudar a los pobres y pobladores de las etnias minoritarias a comprar seguros médicos, brindar apoyo en efectivo a las personas que pierden sus empleos debido a desastres y epidemias, como durante la pandemia de la COVID-19.

Cuarto, el Estado invierte en los ámbitos en los que el sector privado no participa o todavía no ha participado. Se trata de la inversión en el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos básicos y esenciales, con el fin de guiar y atraer los recursos privados. También se refiere a la inversión para crear los mercados potenciales (tales como el científico-tecnológico) que todavía no cuentan con capitales privados. De ese modo, cuando los mercados están formados y son capaces de atraer la participación privada, el Estado puede transferírselos para trasladar su inversión a otros nuevos sectores.

Quinto, se destaca el impulso de la integridad empresarial, es decir, el cumplimiento por parte de las empresas de la responsabilidad de transparentar, dar a conocer y rendir cuentas de sus negocios, en paralelo con la intensificación de la inspección y supervisión sobre la obediencia de la ley. Promover la integridad ayuda a las empresas a armonizar el objetivo de lograr ganancias con las responsabilidades de proteger el medioambiente, y respetar los derechos de los trabajadores e intereses de los consumidores. La responsabilidad de las empresas de transparentar, dar a conocer y rendir cuentas de sus negocios constituye la base para que los organismos estatales, medios de comunicación y la sociedad supervisen sus actividades, detecten, prevengan y eliminen las violaciones contra la ley y los estándares morales.

Sexto, es fundamental hacer valer el papel de las organizaciones sociales y socio-profesionales en el impulso de las conexiones y la regulación de las relaciones en el mercado, contribuyendo a minimizar la espontaneidad del mismo, equilibrar la oferta y la demanda y prevenir los riesgos de crisis cíclicas. Además, es preciso garantizar el equilibrio entre las organizaciones sociales y socio-profesionales a la hora de influir en las políticas para prevenir que los grupos de interés individualista obtengan privilegios dañando los intereses legítimos de otras comunidades, especialmente las vulnerables.

Séptimo, resulta crucial la concientización para promover la actitud proactiva de las comunidades, familias e individuos al integrarse a las relaciones del mercado. Se trata de estar alerta ante el efecto de las masas que puede perturbar el mercado, o de la formación del comportamiento inteligente de consumidores para obligar a las empresas a respetar la ética corporativa y los intereses de los clientes y minimizar las externalidades negativas. Además, hay que promover el espíritu de apoyo mutuo en la sociedad para ayudar a los vulnerables y desafortunados.

3- El Estado es la única institución especial que tiene el derecho a promulgar leyes, recaudar impuestos y poseer bienes públicos, así como a establecer el ejército, la policía y los tribunales para mantener el poder público y garantizar la defensa, la seguridad y un entorno favorable para el desarrollo. Sin embargo, el Estado suele incurrir en “vicios innatos del poder” -tales como la corrupción, la burocracia, el abuso de poder y la injerencia profunda en todos los aspectos socioeconómicos- lo que exacerba las discapacidades del mercado y la sociedad. Las políticas y recursos estatales a menudo se ven limitados por los intereses particulares de ministerios, sectores o localidades. El área de servicios públicos es susceptible al estancamiento y la falta de dinamismo, lo que limita su calidad y planta en sus beneficiarios una mentalidad de dependencia y el uso irresponsable, especialmente de los servicios gratuitos. Los recursos estatales tienen límites, por lo cual no pueden satisfacer de manera plena las múltiples necesidades de la sociedad.

Por eso, el Estado sólo puede poner promover adecuadamente su papel y fuerza, así como minimizar sus defectos y controlar el poder de manera efectiva, siempre y cuando aplique de forma apropiada los principios del mercado en la gobernanza pública y promueva plenamente los derechos democráticos de la población, en concreto:

Primero, el Estado debe cumplir su responsabilidad de transparentar, dar a conocer y rendir cuentas sobre sus actividades para que las personas y empresas accedan a los recursos estatales de manera equitativa. Además, debe dar forma a un mecanismo para percibir, recibir y procesar de manera efectiva la información del mercado y la retroalimentación social, en aras de planificar y aplicar leyes y políticas adecuadas a la situación real, evitando al máximo las intervenciones subjetivas y arbitrarias, que van en contra la ley objetiva. Al mismo tiempo, se necesita perfeccionar el mecanismo de control del poder estatal para prevenir y combatir la corrupción, la burocracia y otros fenómenos negativos.

Segundo, es fundamental aplicar determinados principios del mercado en la gobernanza pública. Por ejemplo, aprovechar el modelo de “propiedad pública, gestión privada” para mejorar la eficiencia -particularmente la administración del personal y la calidad de los productos- de las entidades administrativas y de servicios públicos, así como de empresas estatales. También se puede aplicar el principio de competencia en el suministro de los servicios públicos o el acceso a los recursos estatales, tales como la licitación de paquetes de inversión y contratación pública, con el fin de promover el usufructo de los bienes del Estado, minimizar la corrupción y el despilfarro, y fortalecer la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos de servir a los pobladores y empresas.

Tercero, resulta  importante estimular las aspiraciones del pueblo, las responsabilidades sociales y la integridad de las empresas. Las aspiraciones y la resiliencia del pueblo constituyen el impulso para que las compañías se esfuercen por desarrollarse, mantener el mercado interno y expandirse hacia el exterior con suficiente capacidad para competir con las empresas extranjeras, lo que contribuye a reforzar el potencial económico del Estado y construir una economía independiente y autosuficiente. Las responsabilidades sociales y la integridad empresarial hacen que las compañías no solo persigan ganancias, sino que también compartan con el Estado y la sociedad la tarea de resolver cuestiones sociales y mejorar el bienestar de sus trabajadores.

Cuarto, se hace necesario elevar  la eficiencia de la supervisión y la crítica social del Frente de la Patria, las organizaciones sociopolíticas y sociales, el público y los medios de comunicación y la prensa. Se debe consultar con seriedad la opinión pública sobre todos los proyectos de políticas y leyes mediantes diversas formas. A la hora de implementar las políticas y leyes, hay que intensificar la supervisión social para detectar y resolver las insuficiencias, problemas y dificultades emergentes para los pobladores y empresas.

Quinto, es esencial movilizar los recursos sociales para complementar y compensar los estatales. Los recursos de terrenos, financieros, humanos y culturales de las organizaciones económicas, sociales y religiosas, familias e individuos se movilizan a través de mecanismos apropiados para contribuir a la construcción de las obras de bienestar público (tales como vías rurales, guarderías, casas culturales, jardines de flores y parques). La inversión según el modelo de asociación público-privada, asociada a un mecanismo contractual a largo plazo que permite compartir las responsabilidades entre el Estado y el sector privado crea un gran avance en el desarrollo de las infraestructuras y servicios sociales, tradicionalmente dependiente del presupuesto estatal.

Sexto, es fundamental combinar las instituciones jurídica y social, la administración estatal y la autogestión comunitaria para elevar la eficiencia de la gestión del desarrollo social, especialmente en los barrios residenciales. La institución social contiene valores de la sociedad, conocimientos y experiencias formados durante mucho tiempo, que se convierten en principios morales, costumbres y prácticas que reajustan el comportamiento humano. Su aplicación razonable, junto con las instituciones oficiales, ayuda a introducir el conocimiento legal en la vida cotidiana. El impulso del papel de la autogestión de las comunidades residenciales compensa las limitaciones de los recursos estatales y minimiza el riesgo de burocracia provocado por la ampliación del aparato organizativo y la plantilla de funcionarios, al llegar hasta la gestión comunitaria y la práctica democrática directa a nivel de base en los temas en que la población es capaz de resolver mejor que el Estado.

Séptimo, se debe promover el dinamismo de los pobladores en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones y en la participación en la gestión estatal. El Estado de derecho socialista sólo toma forma en la realidad siempre y cuando las personas sean conscientes, de manera plena, de sus derechos y obligaciones, y controlen su comportamiento dentro de los límites de la ley y los estándares morales de la sociedad. Los derechos deben estar alineados con las obligaciones, tales como cumplir por completo las responsabilidades tributarias para garantizar los ingresos presupuestarios al servicio de los intereses públicos, o utilizar los servicios públicos de manera responsable, pagando las tarifas establecidas, y compartir recursos con la comunidad para contribuir al desarrollo social.

4- La “sociedad” funciona sobre la base de la combinación de las instituciones legal y social, de las cuales la segunda es factor complementario de la primera. Las organizaciones sociales reúnen a personas con un propósito común y funcionan con apego al principio de voluntariedad, sin fines de lucro, de conformidad a la ley y sus propios estatutos para satisfacer los intereses legítimos de sus miembros y participar en la gestión estatal. Sin embargo, cada comunidad u organización social suele perseguir sus propios intereses, que a menudo chocan con los de otros e incluso perjudican el bien común. Los miembros de las organizaciones sociales no son homogéneos, con laxas conexiones y diferentes necesidades e ideas, por lo cual son vulnerables a las incitaciones de las fuerzas negativas; incluso en algunos casos surgen ideologías extremas. Las organizaciones sociales tienen ventajas a la hora de resolver algunas cuestiones en microcomunidades o sectores específicos, pero no son capaces de manejar problemas complejos multisectoriales, que influyen en una amplia área.

Por lo tanto, el papel y la energía positiva de la sociedad y cada individuo solo pueden aprovecharse de manera completa y correcta bajo la gestión unificada del Estado, basada en el derecho y la aplicación razonable de los principios del mercado, la cooperación y asistencia por parte de las empresas, en concreto:

Primero, la ley es la herramienta más importante para garantizar una gestión unificada del Estado basada en el derecho y crear un marco institucional para que los actores compitan de manera libre en el mercado, las organizaciones sociales y comunidades implementen la autogestión, los ciudadanos puedan hacer lo que la ley no prohíbe y la libertad de una persona no obstaculice la de otra. En este caso, la gestión unificada del Estado no se opone a la autogestión, sino a la anarquía y la persecución excesiva por parte de un grupo específico de sus propios intereses ignorando el bien común. En cambio, la autogestión no se opone a la gestión unificada del Estado, sino a la burocracia, la autocracia y el autoritarismo.

Segundo, el perfeccionamiento de los mecanismos financieros facilita que las organizaciones sociales y comunitarias reciban el apoyo del Estado y financiamiento corporativo y extranjero, evitando la burocratización -que reduce su independencia y la capacidad de supervisión y retroalimentación-, o la desvía por las intenciones de los patrocinadores. De ese modo, se puede garantizar que los recursos estatales, empresariales y sociales se conecten y sirven a buenos propósitos -en beneficio de los derechos e intereses legítimos de sus miembros- y eviten ser aprovechados o desviados por malas intenciones de las fuerzas hostiles, que van en contra de los intereses de la nación.

Tercero, es crucial aplicar los principios del mercado en la gobernanza de las organizaciones sin fines de lucro. Los recursos de esas instituciones provienen del apoyo del Estado, el patrocinio de las empresas y sus propias actividades económicas y financieras. Hay que transformar el método de financiamiento, de basarse en las necesidades a basarse en los resultados prácticos. Particularmente, la licitación de los paquetes de servicios que utilizan financiación presupuestaria se debe asociar con el cálculo de objetivos y cuotas concretos de productos. Una organización sin fines de lucro no significa rechazar las ganancias. Incluso debe buscar maneras para crear beneficios de forma profesional, solo que esas ganancias no se distribuyen a los miembros de la junta directiva, sino que se reinvierten en el desarrollo social. Por lo tanto, las organizaciones sin fines de lucro deben profesionalizar las actividades económicas para asegurar recursos financieros sostenibles para sus operaciones y responsabilidades sociales.

Cuarto, es fundamental promover de manera amplia y práctica la democracia, reforzar la disciplina, prevenir y luchar contra las manifestaciones del abuso de la libertad y la democracia que perjudican los intereses ajenos, infringen la ley y amenazan la seguridad. Los elementos hostiles, reaccionarios y oportunistas políticos suelen reunir fuerzas y amplificar su influencia so pretexto de “libertad” y “democracia”, esperando la oportunidad de oponerse de forma abierta al Estado y dañar los intereses de la nación. Por lo tanto, hay que intensificar la divulgación y educación, y fortalecer la disciplina para garantizar que las organizaciones sociales operen según la ley y sus estatutos, brindando beneficios prácticos a sus miembros y al país.

Quinto, la conexión de los recursos y responsabilidades del Estado, las empresas y los sindicatos coadyuva a mejorar el bienestar de los trabajadores. La institución jurídica avanzada en materia de trabajo y relaciones laborales impulsa las responsabilidades sociales de las empresas, en primer lugar ayuda a garantizar los derechos e intereses legítimos de los empleados (a sindicarse y obtener seguros, un ámbito laboral idóneo, receso vacacional y formación profesional…). Además, se necesita determinar la responsabilidad de los gobiernos en todos los niveles de garantizar el bienestar de los trabajadores (tales como  la planificación de fondos de terreno, inversión en la construcción de infraestructuras y desarrollo de viviendas sociales, institución social, escuelas y establecimientos médicos… en los parques industriales). En este proceso, se prioriza a los inversores que se comprometen a cumplir sus responsabilidades sociales y cooperar con los sindicatos para construir relaciones laborales armoniosas, estables y progresistas.

Sexto, es necesario promover la conectividad y cooperación entre el Estado, las empresas y las fuerzas sociales para elevar la eficiencia de la gestión y el desarrollo socioeconómico. Se trata de un mecanismo que garantiza que el Estado esté cerca de las masas, escuche sus voces y atienda de forma oportuna sus preocupaciones. También se trata de un mecanismo que conecta a los agricultores, el Estado, los científicos y empresarios para impulsar el desarrollo agrícola sostenible, superar las insuficiencia de la producción a pequeña escala y minimizar los efectos negativos de la espontaneidad del mercado en la vida de los campesinos. Se trata, además, de la aceleración del establecimiento de un ecosistema de creatividad e innovación, que conecta a las empresas con los institutos y universidades, en el cual el primer elemento es el centro, y el segundo, el impulso para garantizar la aplicación y comercialización de sus invenciones y desarrollar el mercado científico-tecnológico, introduciendo conocimientos en la vida real.

5- El XIII Congreso Nacional del PCV puso de relieve la gestión del desarrollo social en medio de la digitalización y la construcción de la sociedad digital, al proponerse la meta de “Desarrollar la infraestructura digital, garantizar la ciberseguridad, posibilitar el acceso fácil y seguro de la población y las empresas a los recursos digitales, y construir grandes bases de datos”⁽⁶⁾. La “Estrategia de desarrollo socioeconómico para el período 2021-2030” también llama a “renovar la mentalidad y la acción, actualizar y aprovechar las oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial en medio de la integración internacional para reestructurar la economía y desarrollar la economía y la sociedad digitales”⁽⁷⁾...

La orientación general es llevar a cabo una transformación digital integral para desarrollar la economía digital y construir la sociedad digital. Vietnam planea finalizar para 2030 la construcción del gobierno digital, figurar entre los 50 países pioneros y ubicarse en el tercer lugar en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en materia de gobierno electrónico y economía digital. Otras tareas incluyen digitalizar la gobernanza nacional, la gestión estatal, las actividades económicas, organizaciones sociales y el monitoreo de los recursos del país. Además, hay que acelerar la transformación digital de los sectores y ámbitos apropiados, especialmente de las pequeñas y medianas empresas; aplicar y desarrollar nuevas tecnologías, priorizando las digitales, la comunicación 5G y post-5G, la inteligencia artificial, blockchain, impresión 3D, internet de las cosas, la ciberseguridad, energías limpias y tecnologías ambientales para transformar y mejorar la productividad y eficiencia de la economía.

Se debe elaborar un marco legal favorable para la innovación, la transformación digital y el desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos económicos. “Hay que prestar mayor atención a la gestión del desarrollo social; la ampliación de la democracia se debe asociar con el fortalecimiento de la disciplina”⁽⁸⁾. Otras labores incluyen acelerar la construcción del gobierno electrónico para luego transformarlo en uno digital, proceso en que se prioriza el desarrollo de las infraestructuras digitales que sirven de manera centralizada y fluida para las agencias estatales; el diseño sincrónico, la construcción y aplicación de un sistema integrado que conecte las grandes bases de datos, particularmente aquellas sobre la demografía, salud, educación, seguros, empresas, terreno y viviendas para servir de manera oportuna y efectiva en función del desarrollo socioeconómico y la vida.

También hay que “reforzar la gestión y el desarrollo de los tipos de comunicación en internet. Combatir y eliminar de manera resuelta los productos e informaciones nocivos, distorsionados y reaccionarios, que generan efectos negativos para la estabilidad sociopolítica y las buenas tradiciones y costumbres de la nación”⁽⁹⁾. 

Esas directrices y orientaciones indican que la gestión del desarrollo social en medio de la transformación digital se realiza tanto a nivel de gobernanza nacional como en la administración de cada ámbito de la vida, desde la gestión-gobernanza hasta la organización de la producción, los negocios y servicios. Por lo tanto, la gestión del desarrollo social en medio de la transformación digital abarca tanto el impulso del crecimiento y el aprovechamiento de las oportunidades brindadas por la sociedad informativa, como la prevención y lucha contra sus efectos negativos. El ciberespacio se convierte en el principal campo de batalla de la guerra de información contra las fuerzas hostiles para defender la plataforma ideológica y los lineamientos del PCV, la verdad, la justicia y los valores del socialismo.

La implementación de esas directrices y orientaciones  requiere que se ponga de relieve el papel del Estado, el mercado y la sociedad. El Estado no solo crea las instituciones y leyes para la formación de nuevos modelos de negocios y la aceleración de la digitalización y construcción de la sociedad digital, sino que también invierte en el desarrollo de la ciencia-tecnología, infraestructuras digitales, recursos humanos, gobierno digital y bases de datos al servicio de la gestión estatal y la garantía del acceso de la población y las empresas. El Estado de Vietnam toma la vanguardia en la creación tanto de la “oferta” como la “demanda” para el desarrollo de la economía y la sociedad digitales, especialmente propicia los proyectos digitalizados de gestión social, tales como la base de datos demográficos a nivel nacional y otros planes de digitalización. La soberanía en el ciberespacio se ha convertido en una parte importante de la soberanía nacional asociada estrechamente con el papel del Estado de garantizar la ciberseguridad. Al igual que en otros frentes, las agencias estatales constituyen la fuerza nuclear de las operaciones en el ciberespacio. Mientras tanto, las empresas impulsan la inversión en nuevos sectores económicos, tales como el comercio electrónico, y la aplicación científico-tecnológica. También pueden tomar parte de la cooperación en el desarrollo de las infraestructuras y el gobierno digitales a través de proyectos concretos, y obtienen el acceso justo y transparente a las bases de datos. La integridad empresarial en el ciberespacio contribuye a promover las responsabilidades sociales, especialmente eliminar las informaciones nocivas, spam, noticias falsas o la evasión fiscal, así como garantizar los derechos de los trabajadores en la economía colaborativa. Por su parte, la sociedad, como un conjunto de ciudadanos digitales, desempeña un papel importante en la administración del espacio digital. La construcción exitosa del gobierno digital incrementará la transparencia de las actividades de las agencias estatales y funcionarios públicos, las pondrá bajo la supervisión de la sociedad y mejorará la capacidad de la sociedad para responder a los impactos de cada decisión de los gestores. Con un comportamiento responsable en el ciberespacio, la comunidad de los internautas será una plataforma social que contribuya a la garantía de la seguridad cibernética. La participación responsable de cada ciudadano digital en las actividades de comunicación y comercio electrónico contribuirá a construir una sociedad de disciplina, orden y resiliente a todos los actos de sabotaje de las fuerzas hostiles en el ciberespacio./.

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(1), (2), (3), (4), (5) Véase: Documentos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista, Editorial Política Nacional Su That (La Verdad), Hanoi, tomo I, págs. 130-131, 131, 133, 133, 131-132
(6), (7), (8) Documentos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista, Ibíd., tomo I, págs. 142, 214, 215
Este artículo fue publicado en la Revista Comunista No.1011 (abril de 2023)