A lo largo del proceso de liderazgo de la Revolución vietnamita, el Partido Comunista de Vietnam (PCV) siempre ha tenido una profunda conciencia del papel que desempeñan las instituciones y las leyes en el desarrollo del país. Al mismo tiempo, el Partido ha formulado numerosas orientaciones y políticas encaminadas a perfeccionar el marco institucional y jurídico, adecuándolo a cada etapa histórica y alcanzando resultados significativos. La reflexión teórica y la comprensión sobre el Estado de derecho socialista se han ido perfeccionando de manera constante. Vietnam ha formado un sistema jurídico relativamente coherente, público, transparente y de fácil acceso, que regula de manera fundamental todos los ámbitos de la vida social. En tal sentido, cabe destacar las Constituciones, así como las principales leyes y códigos en los ámbitos civil, de negocios, comercial, administrativo, penal, procesal, de resolución de disputas y aproximadamente 300 leyes y códigos adicionales que aún están en vigor. Todo ello ha establecido una base jurídica para el desarrollo socioeconómico, la garantía de la defensa nacional, la seguridad y la integración internacional. Se puede afirmar que, durante los últimos 80 años, desde la fundación del Estado de los obreros y campesinos, bajo el liderazgo del Partido, Vietnam ha logrado la independencia, la reunificación, la libertad, la democracia, la paz, la estabilidad y el desarrollo gracias a la existencia y la aplicación efectiva de la Constitución y el sistema legal.

Sin embargo, cabe reconocer con franqueza que la labor de elaboración y aplicación de las leyes aún presenta no pocas limitaciones e insuficiencias. Algunas orientaciones y directrices del Partido no han sido institucionalizadas de manera oportuna y completa. La calidad del sistema jurídico todavía no responde plenamente a las exigencias de la realidad. Persisten disposiciones superpuestas, contradictorias o poco claras, que obstaculizan la aplicación de las normas y no favorecen la promoción de la innovación, la atracción ni la liberación de recursos de inversión. La descentralización y la delegación de poder siguen siendo insuficientes; los procedimientos administrativos continúan siendo engorrosos. La ejecución de las leyes sigue siendo el eslabón débil; falta un mecanismo de respuesta política oportuno y eficaz. Aún se avanza lentamente en el estudio y promulgación de políticas y normas jurídicas que regulen los nuevos fenómenos, sin crear un marco legal propicio para impulsar los nuevos motores del crecimiento.

Actualmente, el mundo se enfrenta a transformaciones de carácter histórico, con dinámicas rápidas, complejas, impredecibles y difíciles de anticipar. Paralelamente, la revolución científico-tecnológica está abriendo un espacio de desarrollo infinito basado en el conocimiento y el potencial humano. Tras casi 40 años de implementación del proceso de Renovación (Doi moi), Vietnam ha alcanzado logros trascendentales de significado histórico. De ser una nación pobre, subdesarrollada, devastada por la guerra, bloqueada y aislada, Vietnam se ha convertido hoy en un modelo de desarrollo para muchos países del mundo, donde, como se suele decir, “todas las personas tienen comida, ropa y acceso a la educación”. En 2024, el tamaño de la economía vietnamita ocupó el puesto número 32 a nivel mundial. El potencial en los ámbitos económico, político, cultural, social, científico-tecnológico, de defensa y de seguridad se ha fortalecido constantemente. Las relaciones exteriores se han expandido y la posición y el prestigio internacional del país continúan creciendo de manera sostenida.

Para hacer realidad la aspiración de ascenso nacional, es necesario abordar múltiples tareas. Entre ellas, una de las más fundamentales es continuar prestando especial atención a la perfección del marco institucional y jurídico, con el fin de liberar plenamente las fuerzas productivas, movilizar todos los recursos disponibles, aprovechar todo el potencial y las fortalezas del país, y capitalizar cada oportunidad de desarrollo. Por lo tanto, junto con la implementación de la revolución para racionalizar el aparato organizativo y el esfuerzo por alcanzar un crecimiento económico de “dos dígitos”, el trabajo de elaboración y aplicación de las leyes debe renovarse de manera radical. En respuesta a esta exigencia, el 30 de abril de 2025, en el ambiente sagrado y heroico del 50º aniversario de la Reunificación nacional, el Buró Político del Comité Central del PCV emitió la Resolución No. 66-NQ/TW sobre “La renovación del trabajo de elaboración y ejecucción de la ley para satisfacer las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era” – una resolución temática de especial importancia, con numerosas decisiones estratégicas. El objetivo principal de la Resolución es construir una sociedad verdaderamente democrática, equitativa, segura y transparente; en la que el pueblo sea realmente el titular del poder, decida sobre numerosos asuntos importantes del país y participe en una gestión y gobernanza social modernas, orientadas al desarrollo; además, busca mejorar integralmente la calidad de vida de la población y proteger firmemente la Patria socialista de Vietnam.

La Resolución establece como objetivo que, para el año 2030, Vietnam cuente con un sistema jurídico democrático, equitativo, coherente, unificado, público, transparente y viable, acompañado de mecanismos de implementación estrictos y cosistentes, que garanticen una base legal sólida para el funcionamiento normal, continuo y fluido de los órganos tras la reorganización del aparato estatal, resolviendo los obstáculos surgidos de la práctica y abriendo el camino para impulsar el desarrollo, movilizando a toda la población y las empresas a participar en el crecimiento socioeconómico. El objetivo final es que, para 2030, Vietnam se convierta en un país en desarrollo con industria moderna e ingresos medianos altos. Para 2025, se prevé resolver de manera fundamental los "cuellos de botella" generados por disposiciones legales. Para 2027, concluirán la modificación, complementación y promulgación de nuevos documentos legales que garanticen una base jurídica coherente para el funcionamiento del aparato estatal bajo el modelo de gobierno de tres niveles. Para 2028, se completará el sistema legal sobre la inversión y los negocios, el cual contribuirá a posicionar el entorno de inversión de Vietnam entre los tres mejores de la ASEAN. Para 2045, Vietnam contará con un sistema jurídico de alta calidad, moderno, alineado con los estándares y prácticas internacionales avanzados, pero adaptado a la realidad nacional, que se implemente de manera estricta y coherente, respetando, garantizando y protegiendo de forma eficaz los derechos humanos y los derechos ciudadanos. El respeto a la Constitución y a la ley debe convertirse en una norma de conducta para todos los actores de la sociedad; y la gobernanza nacional será moderna con un aparato estatal racionalizado, con alto rendimiento, eficiente y eficaz.

Según la Resolución No.66-NQ/TW, la renovación del trabajo de elaboración y aplicación de la ley en el futuro debe basarse en cinco puntos de vista rectores, siendo el más importante: “garantizar la dirección integral y directa del Partido Comunista en el trabajo legislativo; y reforzar su liderazgo en la aplicación de la ley”. La Resolución también establece que “el trabajo de elaboración y aplicación de la ley constituye el ‘avance dentro del avance’ en el perfeccionamiento del sistema institucional para el desarrollo nacional en la nueva era; es una tarea central en el proceso de construcción y perfeccionamiento del Estado de derecho socialista de Vietnam del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, bajo el liderazgo del Partido Comunista”. La Resolución exige que la elaboración de leyes esté estrechamente vinculada a la realidad, “basada en el terreno de la práctica vietnamita” e incorporar de manera selectiva los valores más destacados de la humanidad, garantizando la coherencia, aprovechando todas las oportunidades, abriendo caminos y movilizando todos los recursos disponibles; convertir las instituciones y leyes en una ventaja competitiva, una base sólida y una fuerza impulsora para el desarrollo, generando así espacio para lograr un crecimiento económico de “dos dígitos”, mejorar la calidad de vida del pueblo y garantizar la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores del país. Se debe elevar la eficacia en la aplicación de la ley y fomentar una cultura de respeto y cumplimiento de la ley. La Resolución afirma: Invertir en la elaboración de políticas y leyes es invertir en el desarrollo.

Para llevar a la vida práctica la Resolución No. 66-NQ/TW y obtener resultados concretos, todo el Partido, el pueblo y el ejército deben interiorizar y cumplir eficazmente las tareas y soluciones planteadas en este documento, especialmente las siguientes:

Primero, es necesario garantizar el liderazgo integral y directo del Partido en el trabajo legislativo, promoviendo al máximo el carácter partidista en la elaboración y aplicación de las leyes. Los comités del Partido a todos los niveles deben liderar de forma integral y directa la institucionalización de las orientaciones y los lineamientos del Partido en leyes, así como fortalecer la inspección y supervisión de esta labor. Cada cuadro y militante del Partido debe actuar como ejemplo, liderando con su conducta el cumplimiento y respeto de la ley, y difundir el espíritu de respeto supremo a la Constitución y a la normativa legal. Se debe considerar la elaboración y perfeccionamiento del sistema legal, así como la supervisión de su implementación, como tareas centrales, constantes y regulares de los ministerios y sectores a nivel central. Los titulares de los ministerios y órganos a nivel ministerial deben dirigir y coordinar directamente la labor de elaboración de leyes, y asumir la responsabilidad principal sobre la calidad de las políticas y normas jurídicas dentro del ámbito de gestión de su respectivo ministerio o sector.

Segundo, es necesario renovar el pensamiento y la orientación en la elaboración de leyes, de manera que se garanticen las exigencias de la gestión estatal al mismo tiempo que se fomente la creatividad, se liberen plenamente las fuerzas productivas y se movilicen todos los recursos para el desarrollo. La elaboración de leyes debe institucionalizar de manera plena, adecuada y oportuna las directrices del Partido, a partir del interés general de la nación; es necesario abandonar de manera decidida la mentalidad de “si no se puede controlar, se prohíbe”, fomentando la democracia, respetando, garantizando y protegiendo eficazmente los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, y asegurando un equilibrio razonable entre las restricciones de derechos y los beneficios legítimos obtenidos. Las normas legales deben ser estables, simples y fáciles de aplicar, tomando a las personas y las empresas como el centro. Se debe prestar atención a la investigación temprana y proactiva de estrategias y políticas basadas en la realidad y la experiencia internacional, a fin de mejorar la previsibilidad y calidad del trabajo legislativo. Además de algunos códigos y leyes fundamentales sobre derechos humanos, ciudadanos y procedimientos judiciales que deben ser concretos, básicamente otras leyes, especialmente las que regulan el contenido sobre la creación para el desarrollo, sólo se centran en cuestiones marco y principios generales bajo la competencia de la Asamblea Nacional, mientras que las cuestiones prácticas que cambian con frecuencia se asignan al Gobierno, los ministerios, las ramas y las localidades para regularlas con el fin de garantizar la flexibilidad y la adecuación a la realidad.

En lo inmediato, es crucial construir un entorno legal favorable, transparente y seguro, con bajos costos de cumplimiento; eliminar y simplificar de forma radical los requisitos irracionales para la inversión, los negocios, el ejercicio profesional y los trámites administrativos; fomentar el emprendimiento innovador y mejorar el clima de negocios. Se debe garantizar de manera sustancial la libertad de empresa, el derecho a la propiedad y la libertad contractual; asegurar la igualdad entre todos los tipos de empresas, reconociendo al sector privado como uno de los principales motores de la economía nacional. Se debe centrar en el desarrollo de leyes sobre la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. Es urgente modificar y complementar documentos legales para cumplir con la política de racionalización del aparato organizativo del sistema político y la reorganización de las unidades administrativas, asociadas con la máxima descentralización y delegación de poder, según el lema “las localidades deciden, ejecutan y asumen la responsabilidad”, y reestructurar nuevos espacios de desarrollo en cada localidad. Además, es necesario perfeccionar las leyes sobre la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales y auxiliares de justicia, de acuerdo con los objetivos y orientaciones de la reforma judicial.

Tercero, hay que crear avance decisivo en la aplicación de la ley. Se debe fomentar al máximo el espíritu de servicio al pueblo, el pensamiento de crear facilidades para el desarrollo y la acción por el bien común entre los funcionarios y empleados públicos. Es prioritario asegurar una implementación legal eficaz para impulsar el desarrollo socioeconómico, científico, tecnológico, de la innovación y la transformación digital, así como en otros sectores clave del bienestar social. Es fundamental fomentar una cultura de cumplimiento de la ley, asegurando que el respeto a la Constitución y a las normas jurídicas se convierta en la norma de conducta de todos los actores sociales. Asimismo, se debe prestar atención a la explicación y orientación sobre la aplicación de la ley. Es preciso promover el diálogo, escuchar las opiniones y resolver con prontitud las dificultades legales de individuos, organizaciones, empresas y localidades. Se debe evaluar regularmente la eficacia de las leyes después de su promulgación, aplicar tecnologías modernas y establecer mecanismos oportunos para identificar y solucionar de forma integral y rápida los "cuellos de botella" causados por las disposiciones legales.

Cuarto, hace falta mejorar la cooperación internacional en materia jurídica y el derecho internacional. Se debe aumentar la capacidad de las agencias vietnamitas para cumplir plenamente con las obligaciones jurídicas internacionales, participar activamente en la creación de instituciones y leyes internacionales, y en la configuración del orden jurídico global. Es fundamental gestionar eficazmente las cuestiones jurídicas internacionales que surjan, especialmente las relacionadas con el comercio y la inversión. Se deben aplicar mecanismos especiales de atracción, selección, formación y capacitación de recursos humanos altamente cualificados y con experiencia en derecho internacional y cooperación internacional en materia de derecho, y la resolución de disputas. Asimismo, es necesario trazar estrategias para incrementar la presencia de expertos vietnamitas en organismos jurídicos y tribunales internacionales, y ampliar la cooperación internacional en los campos del derecho y la justicia.

Quinto, se deben aplicar soluciones innovadoras para mejorar la calidad del personal jurídico; intensificar la transformación digital, la aplicación de la inteligencia artificial y los macrodatos, así como establecer mecanismos financieros especiales para apoyar la elaboración y aplicación de la ley. Hace falta implementar políticas especiales, destacadas, con regímenes de remuneración y contratación adecuados para atraer y mejorar la calidad de los recursos humanos dedicados al trabajo legislativo y su ejecución. Se debe invertir en mejorar la calidad de los centros de investigación estratégica y jurídica de los organismos a nivel central. Es necesario priorizar recursos para desarrollar infraestructuras de la tecnología de la información, bases de datos y la aplicación de tecnologías digitales e inteligencia artificial para la innovación y modernización del trabajo de elaboración y aplicación de leyes. Hay que poner en marcha de inmediato el proyecto de base de datos jurídicos y el de aplicación de inteligencia artificial en la elaboración, verificación y revisión de documentos legales. Hay que renovar el mecanismo de asignación, gestión y uso del presupuesto para el trabajo legislativo, garantizando que sea oportuno, exacto, suficiente y muestre una relación directa con la financiación basada en resultados, a la par de establecer un Fondo de apoyo para la elaboración de políticas y leyes.

Un marco institucional y jurídico de calidad, que responda a las exigencias del desarrollo y refleje la voluntad del pueblo, es un factor clave para el éxito de cualquier nación. Por eso, para que el país pueda avanzar con firmeza, es necesario decir “no” resueltamente a cualquier limitación o deficiencia en el marco institucional y legal; y no transigir con ninguna debilidad en el diseño de políticas, la redacción de leyes o su implementación. Con la determinación y la valiosa experiencia que el Partido ha acumulado en sus 95 años de liderazgo de la Revolución nacional, la experiencia de 80 años al frente del Estado en la construcción de instituciones y leyes, y especialmente la experiencia de 40 años de la renovación, junto con la participación de todo el sistema político y el apoyo del pueblo, sin duda Vietnam logrará renovar el trabajo de elaboración y aplicación de leyes, llevando al país con paso firme hacia una nueva era- la era de riqueza, civilización, prosperidad y desarrollo. Se trabaja para construir un Vietnam “diez veces mejor que hoy”, tal como lo deseó el Presidente Ho Chi Minh./.